Enero 22-2013
Quien le pegue una mirada a los catálogos de las veintitrés Bienales colombianas de Arquitectura encontrara un valioso testimonio del devenir de la arquitectura colombiana en los últimos cincuenta años. Los diferentes organizadores de la Bienal a lo largo de estos años se han preocupado por recoger, bianualmente, lo más significativo de la producción arquitectónica colombiana, componiendo un panorama de las diferentes formas de hacer y pensar arquitectura en Colombia. Me refiero a corrientes teóricas, a influencias locales y foráneas, a la función social, y por qué no, también, a la moda.
Constituye de esta manera una documentación invaluable para la investigación académica en arquitectura, así mismo, conforma un testimonio comprensible a la gente del común, que les permite entender cómo fueron formadas nuestras urbes y construidas nuestras identidades arquitectónicas. Esta Bienal XXIII recoge nuevamente un espectro amplio del quehacer arquitectónico de los dos últimos años, y es meritorio que esta tradición testimonial se haya mantenido.
Sin embargo, en esta Bienal, como en la anterior, se ha consolidado el concepto -muy equivocado- de que una Bienal es un concurso, tal como escuetamente ha quedado escrito en las bases: «tipo concurso», sin bases que permitan debatir la calificación, lo cual genera una tautología: es el mejor, porque es el mejor.
A la Bienal le ha ido como a los concursos de belleza, que en Colombia hace años conmocionaban el país y ocupaban la prensa de farándula varios meses antes de su ocurrencia; ahora escasamente ocupan media revista Cromos. Esta última Bienal, como la anterior, ha pasado desapercibida. El carácter frívolo que sus organizadores le otorgaron la convirtió en un reinado, y lo que lograron no es más que la banalización extrema de un evento que como en los países desarrollados debería tener un carácter y servir como un espacio para la reflexión y la discusión sobre la situación actual de la arquitectura. A lo que hemos llegado empieza a parecerse bastante a una premiación de Hollywood, donde todo gira alrededor de las celebridades y los egos. Paralelamente, se ha incrementado la cantidad de premios; y premios hay a tutiplén; mientras que en las Bienales reconocidas por su carácter académico, las premiaciones son prácticamente inexistentes, pues se considera que el hecho de participar en la selección de una Bienal ya es reconocimiento suficiente. La premiación individual entra en contradicción con este carácter de gran muestra de trabajo colectivo supuestamente constituye una Bienal.
Un ejemplo que vale la pena aplaudir es el de la BIAU, que después de las controversias suscitadas en su penúltima edición, eliminó los premios, reconociendo de esta manera, la importancia ser una muestra colectiva del ejercicio iberoamericano, y no la de un individuo.
Es aquí se encuentra el aspecto más chocante de este asunto de la premiación: la configuración, sin ninguna vergüenza, de un jurado proclive a quien termina por llevarse la mayoría de los premios. Si uno examina detenidamente la composición del jurado de la Bienal XXIII, encontrará que casi la totalidad de ellos, son amigos próximos o han estado involucrados en alguna actividad de promoción o exhibición de trabajos del arquitecto de los premios. La escogencia de un jurado claramente tendencioso, no solamente constituye una burla a los otros arquitectos participantes, sino que da un pésimo mensaje a los posibles participantes de futuras Bienales, pero sobretodo, al publico en general. Aquí no esta en tela de juicio la calidad de la arquitectura ganadora ni la libertad del jurado de premiar el proyecto que le parezca, sino la responsabilidad en este asunto de quienes han estado detrás de las Bienales y Congresos de la SCA: Jorge Pérez y Francisco Ramírez.
El acta presenta una lastimosa redacción que parafrasea el lenguaje críptico de la memoria del proyecto premiado, empero, la principal y más grave falacia consiste en adjudicarle el mérito a los arquitectos de algo que no es de su resorte: el objetivo social de los proyectos, el cual les corresponde a los gobernantes que planificaron y ordenaron el diseño y ejecución estos proyectos. Los arquitectos simple y llanamente tenían la obligación de hacer que estos proyectos cumplieran de manera satisfactoria con los objetivos sociales planteados por el Estado. Es esta la gran falacia que nos ha acompañado en los últimos años: hacernos creer que tenemos una nueva generación de arquitectos preocupados por lo social, cuando en realidad han sido ávidos contratistas del Estado, ya que casi todos los proyectos construidos y premiados en esta Bienal y en las últimas, han sido iniciativa de los gobernantes.
Si existiera algún mínimo de coherencia en la justificación de la premiación, simplemente quienes deberían ser premiados tendrían que ser los gobernantes. Tal como pasó en la Bienal del 2000, cuando se premió el Programa de Parques de Bogotá del alcalde Peñalosa.
Guillermo Fischer
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