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Acerca de Juan Luis Rodriguez

Profesor de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá

Cuentas bicentenarias

Marzo 29 – 2012

En Colombia llevamos varios años bajo una modalidad de contratación para grandes obras civiles, única en el mundo. En una primera ronda, se le da el contrato a la empresa que presente la mejor oferta, basada en un costo global estimado que se podrá “ajustar” durante el proceso. En segunda instancia, al “ganador” se le da la oportunidad de hacer sus propios diseños y presupuestos. Y en un tercer momento, se le extiende un tapete persa para ampliar y modificar costos, alcances y especificaciones, amparado en la maravilla jurídica del “otrosí”: una figura que le permite al “ganador” cambiar y al administrador ajustar, de manera que al final todo parezca en regla.

La obra del Transmilenio de la 26 se repartió en varios tramos, uno de los cuales le fue otorgado a Constructora Fase III, Confase. Como consta en los documentos entregados por la administración, el valor del contrato original era $213.890.249.965, pero con los adicionales ya incluidos, la nueva cifra para lo que costará la Fase III será $334.133.625.000. Tenemos entonces más de 120 mil millones en adicionales. Esta cifra supera incluso el 50% del valor del contrato inicial, el tope legal establecido por el mismo contrato para las “adiciones”.

El contrato incluye los trabajos de paisajismo en un sector del Parque de la Independencia, fragmento que ha sido bautizado como «Parque Bicentenario». Calculado con base en las tarifas de honorarios de la SCA, el diseño paisajístico (incluye zonas arquitectónicas y zonas verdes) para un parque con las características del Bicentenario podría llegar a costar 250 millones. Sin embargo, según el informe del Consorcio IML, interventores del Proyecto Bicentenario, por el diseño se pagarán $1.300.239.230, es decir, más de 1.000 millones de sobrecosto.

Asimismo, basado en los precios unitarios del IDU para construcción de espacio público, la construcción del parque podría llegar a costar, máximo, 11 mil millones; pero según la Adición No. 7 al Contrato de Obra No. 136 de 2007, la construcción costará 30.000 millones, es decir, otro sobrecosto, esta vez de más de 19.000 millones.

En sólo diseño y construcción para el Parque Bicentenario se destinaron como adicionales $31.300.239.230, lo cual equivale a $2.500.000 por metro cuadrado del Parque. Considerando que el costo del metro cuadrado de construcción de vivienda estrato seis, incluyendo honorarios profesionales, está en $1.900.000, ¿será que nos piensan enchapar el parque en oro? Y de no ser así, ¿quién se queda con la diferencia?

Suena escandaloso pero puede ser la falta de costumbre a pensar en grande que algunos padecemos. Sólo una investigación por parte de los organismos de control nos permitiría saber si estamos ante una versión local de ¿Quién Quiere ser Millonario?, o si todo no pasa de ser un malentendido.

Juan Luis Rodríguez

 

Los documentos de contratación referidos se pueden ver aquí:

http://parquebicentenariobogota.blogspot.com/2012/03/apartes-del-contratro.html

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¿Era Petro?

Enero 10 – 2012

Katya González, gerente de la Empresa de Renovación Urbana ―ERU―, presentó un balance de su gestión en una entrevista de El Tiempo el pasado 23 de diciembre. La primera parte de su informe trae algunas cifras: “de 128 hallazgos e irregularidades administrativas, solo quedan tres por corregir (…) había 138 contratos sin liquidar y ya no queda ninguno pendiente (…) nuestra ejecución terminará, el 31 de diciembre, en el 94 por ciento”. El balance incluye también un intento por palmear la espalda del nuevo alcalde, asegurando que la ERU “no adjudicará el polémico centro comercial de San Victorino porque el alcalde electo Petro así lo pidió”. Y además, nos da una primicia: que la ERU no construirá el Centro Cultural España porque “nosotros no somos constructores”. Lo construirá, en cambio, “la fundación Escuela Taller de Bogotá, que es una entidad seria.”

Los números dan para incertidumbres fascinantes como que la Vía Láctea tiene entre 200 mil y 400 mil millones de estrellas, pero dan también para sorpresas como las del informe González. Corregir 125 de 128 irregularidades, da casi el 98% de efectividad. Si le agregamos el 100% en contratación y el 94% en ejecución, podría uno pensar que acabamos de perder la funcionaria del año en Bogotá. Pero basta recordar que quien reclama tanto rendimiento y pulcritud como gerente de la ERU, es a la vez la arquitecta del edificio de Fedegán en Teusaquillo. Una obra sellada dos veces por la Alcaldía de la localidad, precisamente por alterar las medidas, en metros, en un sector patrimonial en el que los centímetros son preciosos. La misma persona que ante la pregunta por la anomalía de Fedegán le respondió a Noticias Uno que ya todo “estaba resuelto”, con lo cual quiso decir que todo se “resolvería”, confundiendo un pasado imperfecto con un futuro condicional. Confusión que me obliga a pensar que quien estira a su antojo un edificio, o un verbo, no se pone con remordimientos a la hora de hacer un poco de numerología de la gestión.

En cuanto a la gentileza de no adjudicar el centro comercial de San Victorino, me parece evidente que temiendo la bien ganada fama de justiciero del exsenador Petro, la gerente saliente busca anticiparse a las investigaciones que presiente venir. Y en cuanto a la denominación del contratista para la construcción del Centro Cultural España, me asombra que para sustentar la selección del contratista, escoja calificar la Escuela Taller como una entidad “seria”, en lugar de una entidad “competente”.

La Escuela Taller es una Fundación dedicada a la educación en artes y oficios que busca “formar a jóvenes con alto riesgo social en oficios tan diversos como albañilería, carpintería, cantería, forja, pintura, cerámica, jardinería, instalaciones y otros”, como culinaria y restauración de muebles. Una fundación reputada por la calidad de su trabajo artesanal y por el valor de su misión social. No es una firma de construcción, ni tiene con qué, ni con quién, ni porqué, responder por un contrato como el del Centro Cultural España; a menos que lo subcontrate, con las consecuencias ya conocidas: que todo cuesta y se demora más de la cuenta. Almacenes Éxito, por ejemplo, también es una empresa seria, lo cual no la califica para encargarse de contratos de construcción de alta complejidad.

Bienvenidas entonces las investigaciones que muchos esperamos entre un prudente escepticismo y un temeroso optimismo, confiando que así como el 2011 fue un año infeliz para buena parte de los miembros del carrusel de la contratación, el 2012 lo sea también para los encargados del mundo al revés que se encarga de la planeación de Bogotá. Mundo en el que la ERU es apenas una ficha menor de un rompecabezas que completan Planeación Distrital, la Cámara Colombiana de la Construcción –Camacol–, la Sociedad Colombiana de Arquitectos –SCA–, el Instituto Distrital de Patrimonio Cultural –IDPC–, la Secretaría Distrital de Movilidad –SDM–, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá –EAAB– y las curadurías urbanas, entre otros. Las bases para este nuevo mundo se reducen, en mi opinión, a unas pocas “inversiones”.

– Que Planeación Distrital deje de estar al servicio de Camacol y se ocupe de concebir la ciudad como un bien colectivo que se “proyecta” hacia el futuro. Un espacio que se conciba desde su calidad urbanístico-arquitectónica como una “obra de arte colectiva que se construye en el tiempo”. No en una mercancía de alta rentabilidad cuyas manifestaciones espaciales terminan por ser un rayón en la córnea.

– Que Camacol deje de actuar como asesor de Planeación Distrital y se ocupe de mejorar los atrasados estándares de calidad de la construcción en Colombia. Que resuelva la evidente paradoja de su misión que la presenta como: “una asociación gremial de carácter nacional sin ánimo de lucro, que reúne a nivel nacional empresas y personas naturales relacionadas con la Cadena de Valor de la Construcción”, y pase a reconocerse, simple y honestamente, como una organización que vive para el lucro. También podría ayudar, por ejemplo, a conseguir un contratista idóneo para el Centro España.

– Que la SCA deje de actuar como contratista del Estado y se ocupe de asesorar entidades públicas y privadas en arquitectura, empezando por el ordenamiento territorial y por objetar, por lo menos, atropellos patrimoniales como Eldorado, Fedegán y el Parque de la Independencia. O si considera legítimas estas intervenciones, que lo manifieste públicamente y deje de guardar “prudente” silencio. La debilidad institucional de la SCA se confirma en que Camacol ha tomado el liderazgo que los arquitectos deberían tener en Planeación, con la consecuencia de un POT hecho a la medida de los promotores inmobiliarios.

– Que el IDCP se ocupe de proteger el patrimonio arquitectónico de todas las épocas (¡y los cerros!), empezando por entender que el Parque de la Independencia es un patrimonio de la nación, y no el patio de atrás del lote para el Parque del Bicentenario. En contraste con su incapacidad cultural para el manejo de la arquitectura patrimonial, reconozcamos su eficiencia administrativa, pues en contra de toda lógica, este instituto se pasó el año tratando de legalizar su parque, y lo logró, mediante un decreto navideño de esos de última hora, firmado el 28 de diciembre por Clara López como alcaldesa encargada, y por Juan David Duque como secretario de planeación, también encargado. El decreto legaliza el nuevo parque e incluye múltiples frases vacías y previsiblemente falsas. Para la muestra: «En los alrededores del Quiosco de la Luz se mantienen las características de paisaje y arborización.» http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=45180

– Que a la SDM no se le vuelva a olvidar que al densificar la ciudad, en la mayoría de barrios se requiere prever un aumento en la dimensión de las vías, los andenes y la cantidad de parqueos públicos (¡y de árboles!). Y que ojalá se acuerde que el BD Bacatá fue aprobado sin estudio de tráfico, y que como responsable de la movilidad tiene, o tenía, la obligación de garantizar que el mamut final tenga por lo menos buenos parqueaderos.

– Que a la EAAB, tampoco se le olvide que para las futuras densificaciones hay que aumentar las redes de servicios públicos, en especial la de alcantarillado. Les recomiendo tener presente lo que me dijo al respecto un cartagenero, comentando olvidos similares en su ciudad: «esta gente parece no entender que donde antes hacían diez, ahora hacen cien”. Para llevar la situación a la parodia, la EAAB le está pidiendo a los privados la misión imposible de encargarse de la construcción de estas redes. El paso siguiente, deduzco que será la estratificación de la tubería: a mayor estrato, más amplia la cañería. Y viceversa.

– Que se corrija el peor–imposible diseño institucional de las Curadurías urbanas. Unas Notarías de planos que dependen para su subsistencia de la cantidad de metros de construcción aprobados. Un mecanismo que induce a los curadores a incumplir las normas de manera recurrente e impune. Un sistema en el que si el cliente no está complacido, se va, como quien sale de una panadería con su rollo bajo el brazo, para otra curaduría. Y como unos y otros, curadores y promotores, saben que cuando la Veeduría de las curadurías recibe una denuncia y finalmente conceptúa que “sí”, que en efecto las normas no se cumplieron, saben también que para la hora de “el concepto”, el edificio estará construido y ya nadie se atreverá a sancionar. Y menos a demoler.

Hasta acá los asuntos institucionales. En cuestiones de concepción y mentalidad también son indispensables, en mi opinión, por lo menos otro par de “inversiones”:

– Que oponerse a la chambonería institucional se malinterprete como estar contra la compactación de la ciudad, y en consecuencia, de la demolición de gran parte de la misma. Si se declara, y yo lo acepto, que la ciudad se debe compactar, deberíamos ser consecuentes y aceptar que tampoco se debería expandir, ni mediante suburbios de estrato seis, ni mediante tugurios de estrato uno. Las formas para densificar y compactar son muchas pero desafortunadamente vamos por el triste camino liderado por Camacol, bajo el falso lugar común que “la tierra vale mucho”. Un mantra que sirve para legitimar las incongruencias morfológicas, la falta de sentido colectivo y la falta de espacio público que tenemos hoy en día en la planeación de Bogotá. La tierra no vale mucho porque exista una especie de ontología trascendental de la misma, sino porque la reglamentación asignada le da un valor de uso que depende de la cantidad de metros cuadrados vendibles que pueda generar.

-Que no se crea que la propuesta depende de que los especuladores cambien de visión. No tienen porqué hacerlo. Es a las instituciones que se supone que velan por la ciudad, a las que corresponde lograr una visión orientada hacia el futuro del bien común. Y es a los arquitectos a quienes corresponde dejar de insistir que los problemas de la ciudad se corregirían «cumpliendo las normas», dado que “el problema es de ética”. Los problemas se corregirían si las instituciones se dedicaran a lo que les corresponde, y si las normas se rehicieran por completo en función de la calidad del espacio, antes que de la calidad del negocio. En ese orden. Cumplir unas normas que no están concebidas previendo la calidad del espacio urbano es llorar sobre mojado. Lo que falta, insisto, no es ética sino arquitectura.

Vaticinio para el 2012: Entraremos al ocaso de la Era del Contratista y la demolición del edificio de Fedegán marcará el fin de este oscuro período y el comienzo de un nuevo amanecer para Bogotá. Algo así como pasar de la Era del Cangrejo a la Era del Unicornio.

Juan Luis Rodríguez

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BD – ET – Bacatá

Diciembre 14 – 2011

El pasado 22 de noviembre, en el Museo del Chicó, asistí a un debate sobre el Bacatá Bogotá Downtown –BD-Bacatá– el rascacielos de 67 pisos que está por brotar en la calle 19 con carrera 5. Hubo dos presentaciones: una sobre la torre para hotel, vivienda, comercio y oficinas; y otra sobre los sótanos para parqueo y abastecimiento. Después de las presentaciones y las intervenciones, los asistentes quedamos con el mal sabor de un edificio que abusa en especulación, incumple las normas en exceso, no genera un centímetro adicional de espacio público, y sobrecarga, también en exceso, la ya saturada red vial de la zona. Para quienes consideramos que la torre de Avianca en el Parque Santander también está en el lugar equivocado, el día que la nueva operación de “renovación urbana” irrumpa en el perfil del centro de la ciudad, veremos el Avianca como un Hobbit.

La presentación de la torre (Willy Drews) nos ilustró ampliamente en seis aspectos: No cumple con el Plan Parcial obligatorio. No cumple con los aislamientos exigidos. No cumple con la altura resultante de aplicar las normas sobre aislamientos. No cumple con el índice de construcción. No pagó la plusvalía correspondiente a la mayor edificabilidad. Y para rematar, son múltiples las inconsistencias entre lo que dice el texto de la licencia y los planos aprobados. Lo que a mí más me sorprendió fue ver cómo se “inventaron” que la norma de aislamientos se puede “interpretar” para generar escalonamientos y aumentar la altura, como si estuviéramos en Nueva York.

Si algo ha sido claro dentro de la ambigüedad normativa bogotana es que el aislamiento se cuenta a partir del nivel del terreno, o a partir del nivel de la plataforma de empate con el vecino, cuando la hay, como en este caso. En realidad, la sorpresa no es tanto la propuesta de los especuladores, pues al fin y al cabo esa es su razón de ser, sino que la Curaduría se haya prestado para un estrujamiento tan forzado de la norma. Con semejante precedente, dentro de poco empezaremos a ver escalonamientos «creativos» por toda la ciudad.

Después de las tristezas de lo que se verá camino al cielo, la presentación de los sótanos (Juan Luis Moreno) nos aterrorizó con los problemas para los seis niveles de catacumbas que tendrá el edificio más alto de Colombia. Los parqueos están dimensionados a partir del Decreto 1008 de 2000 (dimensiones mínimas por cupo = 2.20 por 4.50 metros), en lugar de haberse dimensionado a partir del Acuerdo 20 de 1995 (dimensiones mínimas por cupo = 2.50 por 5.00 metros). Dejando de lado los problemas con los cupos para furgonetas y minusválidos, hay dos modos de afirmar que todo el parqueadero está mal dimensionado: uno es jurídico, en tanto el Acuerdo 20 de 1995 no ha sido derogado y es de superior jerarquía al Decreto 1008 de 2000, así este último sea posterior en el tiempo; el otro problema es funcional, pues a menos que uno tenga un Clío, un Aveo, o si a uno le ha ido muy bien, una Mini Cooper, la mayoría de los automóviles que se utilizan hoy en día no caben en un espacio de 2.20 por 4.50. Peor aún: como la estructura del edificio es de pantallas de concreto, y no de columnas, la mayoría de los cupos quedará encajonada entre muros, de manera que cada carro tendrá únicamente la posibilidad de abrir una puerta. Si la puerta es la de la conductora y ésta va de falda y tacones, mi solidaridad anticipada con la contorsionista.

Cualquiera de los incumplimientos, omisiones o contradicciones mencionados, debería bastar para una revocatoria de la licencia y la apertura de una investigación por presunta corrupción. No obstante, como el proyecto está aprobado por la Curaduría No. 4, siendo prácticos, o cínicos, que para el caso es lo mismo, todos intuimos que si la dirección a seguir es Paloquemao, para cuando la obra esté terminada habrá dos torres de altura similar: una torre en concre–vidrio, importada de España, en un lugar equivocado de la calle 19 de Bogotá; y otra torre de folios amarrados con piola, acumulando apelación sobre apelación, en los juzgados de Paloquemao.

Los problemas que generará ET Bacatá se desprenden de unos pocos principios equivocados. Tres para ser exactos: 1. Querer ser lo que no se puede. Esto es, querer ser como Nueva York, sin metro ni Central Park, y sin una norma para escalonamientos. 2. Utilizar las normas que no se debe. Es decir, que si se tienen dos normas a disposición, utilizar la peor, para luego batirse a punta de hermenéutica jurídica con el que se atraviese, hasta que los opositores se agoten, o se quiebren, o se cumpla el vencimiento de términos. 3. Entre dos referentes, utilizar el peor. Así, en lugar de tomar como modelo un parqueadero, modelo años 50, como el del Centro Internacional, preferir los depósitos para carros, modelo años 80, de algún conjunto de vivienda en Cedritos. Una época sin consideraciones para minusválidos ni furgonetas de abastecimiento dentro de los parqueaderos. Una época en la que las camionetas tipo burbuja se llamaban mafionetas. Y una época que visualizaba un futuro automotor para el siglo XXI dominado por los descendientes de los Renault 4, 6 y 12, este último como carro de alta gama.

Un boca a boca callejero cobra especial vigencia para explicar este proyecto: lo que interesa a promotores y curadores es construir y facturar, respectivamente, la mayor cantidad de metros cuadrados. Para ello, como aprendí en el debate del Museo del Chicó, unos y otros dan lo mejor de sí para encontrar “el esguince jurídico”; al tiempo que la Curaduría da lo mejor de sí para satisfacer al cliente.

La buena noticia es que la Secretaría Distrital de Movilidad -SDM- está estudiando el caso. Si exige lo que debería exigir, el proyecto BD-Bacatá disminuirá necesariamente su área construida, por el sencillo motivo que si se acoge a los requerimientos que la ciudad necesita, no le cabrán los vehículos que el proyecto necesita para mantener su elefantiasis.

Es cierto que todo promotor tiene derecho a hacer negocios, y es apenas justo que el ET-Bacatá sea un buen negocio. También es cierto que todo negocio necesita límites, en especial cuando la ciudad tiene poco que ganar y tanto que perder. Para definir con claridad estos límites, y ante la laxitud de la Curaduría que le otorgó la licencia, confiemos en la SDM.

Juan Luis Rodríguez

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Tema para la cena: subir y bajar al Parque de la Independencia

Octubre 23 – 2011

El arquitecto Carlos Niño Murcia me envió estos dibujos como ilustración al artículo que publicó la semana pasada en este portal.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro de la falta de participación pública que caracteriza a los arquitectos, tomando tinto me “enteré” que Niño había sido invitado a opinar sobre el proyecto para el Parque del Bicentenario y que había estado «de acuerdo» con el proyecto del Instituto de Patrimonio.

Fui entonces a visitar al supuesto nuevo aliado del IDPC, para enterarme de primera mano de qué es lo que podía parecerle tan bien, sobre algo que a mí me parece tan mal. El diálogo no prosperó porque a los cinco minutos ya me había dicho lo que apareció en su texto, y que con mayor claridad expresan sus dibujos.

El caso se parece al de la Ministra de educación hablando de las múltiples consultas hechas a los estudiantes para legitimar la reforma educativa. Reuniones en las que se da un «debate» al que los inconformes asisten esperando ser oídos y tenidos en cuenta, pero al que los representantes del gobierno asisten para llenar un requisito reglamentario que luego les permita aparecer en televisión, diciendo que sí, que claro que hubo consulta, y todo quedó en regla.

El IDPC ya pasó por ahí, por el intento de legitimar lo ilegitimable ante «la comunidad», y ya declaró públicamente que se «incorporaron» las sugerencias al «nuevo» proyecto. Superado ese problema, hay que entender que la pobre Ministra no es la única que la tiene difícil, pues el pobre Director de patrimonio no solo tiene que legalizar el parque Bicentenario, sino además, el edificio de Fedegán en Teusaquillo.

Yo no aguantaría. Por un lado, los de Fedegán deben estarlo presionando cada vez más con el «lavado» de la nueva licencia en la curaduría. Y como si esto no fuera suficientemente duro de pelar, por el otro lado, las plataformas del parque están a punto de estar terminadas y el bendito proyecto ni siquiera tiene licencia. Y ya van a ser las elecciones. Y las vacaciones. Y hay que entregar el cargo al nuevo alcalde. La locura.

Entre tanto, mientras los abogados hacen su trabajo, invito al público interesado en expresarse por medio del dibujo, a enviar su versión de cómo bajar de un parque al otro, a partir de la sugerencia de Niño y de un par de fotos recientes.

 

 

 

 

 

 

 

 

Algo que entre arquitectos se hace con frecuencia mientras llega la comida en un restaurante, sobre una servilleta o un mantel de papel. Para el futuro, algo que le permita a las nuevas generaciones entender retrospectivamente lo simple que hubiera sido construir algo respetuoso con el Parque de la Independencia, por allá en la era de los carruseles.

Juan Luis Rodríguez

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Fedegán: liposucción imposible

Octubre 10 – 2011

Ayer, por cuenta de un amigo que me obsequió el artículo de El Tiempo del viernes 30 de septiembre de 2011, me enteré que «El director del IDPC, Gabriel Pardo, acaba de aprobar las terceras modificaciones» al edificio que intenta construir Fedegán en Teusaquillo. Según el artículo, Pardo argumenta que «se ha dado el concepto favorable porque en los 11 planos presentados muestran que solucionarán las situaciones presentadas». El artículo se titula «Dura polémica por nueva sede que está construyendo Fedegán», y concluye:»Falta ver qué dicen los urbanistas y la Sociedad Colombiana de Arquitectos».

Si los “urbanistas” somos quienes anteriormente hemos protestado, asumo que pronto habrá una respuesta conjunta de la Sociedad de Mejoras y Ornato de Bogotá –SMOB–, el capítulo Arquitectos uniandinos de la Universidad de los Andes -Arquiandinos- y la seccional Bogotá-Cundinamarca de la Sociedad Colombiana de Arquitectos; entidades que pidieron investigar al director del IDPC y a la arquitecta de Fedegán. Pero si se espera que la SCA-Nacional se manifieste, podemos contar con tener algo parecido a la espera sobre el Palacio de Justicia.

Por la vía de la Razón, la ilegalidad de Fedegán en Teusaquillo sólo tiene dos posibilidades de cumplir con las “situaciones presentadas” a las que alude Pardo: inventar una técnica llamada lipoconcreto, o demoler y volver a empezar. No obstante, como en el mundo estamos, también está el Poder como tercera posibilidad. En el caso del edificio para la Federación de Ganaderos, esta tercera vía fue la adoptada, operando así:

Fedegán primero consigue una arquitecta sin escrúpulos con quien “habla” y le explica qué necesita y “cómo son las vainas”. Acto seguido, ella “habla” con el director de Patrimonio para explicarle a su vez “cómo es que son las vainas”, y para asegurarse que éste pierda cualquier escrúpulo que le reste, después de dos alcaldías en el cargo. Luego, una curadora aprueba los planos, sin importar lo que contengan, pues entiende que vienen «recomendados». Hasta acá no hay más que juntas directivas,tinto, palabras, grandes pliegos de papel y “arte” de la política.

El paso siguiente es la construcción del edificio, donde de manera intencional y en contra de lo aprobado, se le hace «strecthing» a la estructura en todas las direcciones posibles. Con la mala fortuna que cuando la Alcaldía de Teusaquillo revisa la obra, lo que hace no es verificar papeles adulterados sino concreto fraguado, imposible de esconder, al modo de un segundo juego de planos. Entonces, la Alcaldía comprueba empíricamente las falsificaciones y sella la obra.

Sigue la historia. Hábilmente, Fedegán tumba lo único que de todos los estiramientos se podía tumbar, un voladizo en el costado sur de la estructura, logrando así el levantamiento del primer sello. No obstante, por insistencia del Taller-SMOB, la Alcaldía de Teusaquillo vuelve a medir y corrobora que si bien se corrigió un aspecto, los demás siguen idénticos. Y sellan por segunda vez.

Entonces, el Poder reaparece. Y ahora, vía El Tiempo, nos enteramos que el director de Patrimonio, con su cultivada habilidad para el eufemismo y la dilación, responde que los nuevos planos “muestran que solucionarán las situaciones presentadas”.

Solo falta un paso. La decisión por parte de la Curadora No. 3 de hacerse, o no, parte del juego de la legalización propuesta por el IDPC.

Si lo logran, no será porque Fedegán, el Instituto y la arquitecta hayan demostrado razonablemente que no hay, y nunca hubo, Trampa. Si lo logran, todo se reducirá a un complot por parte de la SMOB, Arquiandinos, la SCA-Bogotá, la Alcaldía de Teusaquillo, y por supuesto, yo, para enlodarlos y manchar su reputación. Si lo logran, quedaremos entonces con una obra legal-izada mediante un abuso de Poder. Y quedaremos con la pérdida de una casa a la que se le levantó la restricción patrimonial para dar paso a un esperpento legal-morfológico, incrustado en Teusaquillo.

Mientras tanto, la SCA-Nacional permanece como un avestruz, cuidando su «imagen».

A quien necesite «pruebas» le bastará ir hasta la 37, pararse frente al edificio, con la reglamentación en la mano, y sacar sus propias conclusiones. O para mayor seguridad, puede consultar las pruebas que ya, metro en mano, produjeron el Taller SMOB y la Alcaldía de Teusaquillo.

A quien se pregunte cuál es la «Dura polémica» a la que alude el titular de El Tiempo, debe saber que polémica que nunca la hubo ni la habrá. Lo que hay es un triunfo del Poder.

En el futuro cercano, a quien se pregunte qué pasó, si es que la Curadora No. 3 o algún otro curador lo permite, deberá bastarle saber que el edificio construído incumple las normas y los planos aprobados; y que sin embargo, se hizo porque el IDPC funciona como una lavandería de licencias, siempre y cuando el interesado sea lo suficientemente poderoso. Porque si usted es un ciudadano de a pié, téngalo por seguro que el IDPC le hará ver estrellas para aprobarle la remodelación de un baño, poniéndole por delante la palabra Patrimonio, como si se tratara del testamento de Simón Bolívar. En cambio, cuando el «ciudadano» tiene a mano otra palabra como Poder, el negocio es tan simple como la transacción de un CD, en cualquier esquina de Bogotá.
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– ¿Es que a usted le cuesta entender esto del Poder?, me pregunta un filósofo amigo.

– No es que me cueste, hombre. Es que no lo acepto. Se parece demasiado al principio de relajarse y disfrutar la violación, dada su inevitabilidad. ¿O es que a usted, o a alguna filosofía, le parece válido?

– Pues a mí no, claro que no. Pero como usted parece haberlo olvidado, le recuerdo que filosofías hay para todo y que la del Marqués de Sade también es parte de la historia de la filosofía. Además, no se le olvide que tipos como Spinoza son el peor camino posible para entender el Mal.

Juan Luis Rodríguez

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La dilación Parque de la Independencia se traslada al Concejo

Septiembre 27 – 2011

Ayer, 26 de septiembre, fue otro 1 de junio para el Parque de la Independencia. El Instituto Distrital de Patrimonio Cultural, IDPC, volvió a hacernos perder el tiempo, esta vez en el Concejo de Bogotá. La vez anterior había sido en el Planetario Distrital, para darle contentillo a «la comunidad». Esta segunda vez, en busca de hacerle creer al Concejo que el proyecto actual sí hace parte de un plan, y que este plan es nada menos que de Rogelio Salmona.

Ante la imposibilidad de responder por la falta de un Plan Piloto que respalde el proyecto de Giancarlo Mazzanti para el Parque del Bicentenario, el director del IDPC, Gabriel Pardo García-Peña, nos aburrió durante media hora mostrándonos, entre otras necedades, el Plan Piloto de Salmona y el posterior de Juan Camilo Santamaría. Durante la exposición de Pardo, el nombre Salmona fue mencionado diez o veinte veces, como un mantra, para insuflar en los Concejales la idea de que Salmona tiene algo que ver con un “nuestro” proyecto.

Proyecto sobre el cual ni se vio ni se oyó nada, aparte de que el proyecto inical tenía algunos errores que eran atribuibles a él, a Pardo, pero que el nuevo proyecto “ya los corrigió”.

Evidentemente, no se trataba de explicar ningún proyecto sino de cumplir con una citación rutinaria, mientras avanzan en el afán de conseguir una autorización -que no tienen- por parte del Ministerio de Cultura, y una licencia -que tampoco tienen- por parte de Planeación Distrital.

Plan no hay y por eso y para eso estaban citados al Concejo: para explicar porqué no lo hay. El arquitecto, como de costumbre no apareció, y el IDU mandó un funcionario que tampoco pudo responder nada acerca de las irregularidades con las que se ha intervenido el parque, porque “yo soy sólo un ejecutor”.

Para continuar con el tema sin preocuparnos por el arquitecto, propongo olvidarnos de Mazzanti -quien cada vez resulta más evidente que no es más que un intermediario sin importancia en manos del IDPC y de CONFASE- y pasar a tomarnos en serio el tono y el carácter posesivo del Director del IDPC cuando habla de “nuestro” proyecto.

Como dueño del proyecto, Pardo hubiera podido reconocer la ilegalidad en la que están y llamarla por ejemplo, “un pequeño problema”. También, hubiera podido aceptar que se encuentran en el proceso de “aclararlo todo”; y aprovechando la oportunidad, hubiera podido seguir de largo y explicarle a los Concejales que la incomprensión hacia el diseño del parque surge de la genialidad de un proyecto que, por su brillantez, podría tomar otros cien años en entenderse; pero que él, no obstante, como Director de Patrimonio de la ciudad y como experto en el tema, puede dar fe que la ciudad obtendrá lo que se merece para celebrar el Bicentenario, así sea con un par de años de retraso.

Además, Pardo perdió la oportunidad para hacerle ver al Concejo de la ciudad, que quienes insistimos que hay un atropello patrimonial estamos cortos de visión y perdidos en asuntos de historia y cultura. Falta de visión y de comprensión que es precisamente lo que muchos reclamamos al IDPC. Y desde luego, también al Ministerio de Cultura; así los dos posen de lo contrario.

Si uno cree en lo que hace y en lo que tiene, lo dice, lo muestra y trata de convencer a quien corresponda. Pero así no fue. Tal vez porque eso no se hace en administración pública, o tal vez porque el IDPC no tiene con qué, o tal vez porque como funcionarios públicos que son, estaban cumpliendo con la citación, y nada más. De ser así, para los registros burocráticos, cumplieron. Sin embargo, ante los que estamos enterados de qué se trata el asunto y esperando respuestas hace ya no sabemos cuánto, volvieron a hacer el ridículo.

Dentro de su exposición, el Director del IDPC soltó un par de falacias que no pueden pasar inadvertidas:

1. “A nosotros nos parece muy importante el eje norte-sur”.
Lo cual significa que para pasar de un lado al otro de la 26, en sentido norte-sur, no basta que el Parque del Bicentenario cubra la 26 y que su diseño resuelva los flujos peatonales correctamente, sino que tiene que ocupar una parte del Parque de la Independencia.
El nuevo parque, por definición, tiene que unir uno y otro lado de la 26, y esta unión es en sentido norte-sur. No hay más opción. Ello no implica que para hacerlo haya que tumbar más de un centenar de árboles, ni ocupar una parte del espacio de un parque existente, ni imponer una arquitectura para la cual cuando un árbol se atraviesa, se tumba el árbol.
Lógica torpe y equivocada, por decirlo caritativamente.

2. “Como la reserva vial para Transmilenio le quitó al Parque de la Independencia 1.200 metros2, nosotros le vamos a restituir a la ciudad más de 5.000 metros2”.
Un poco más de tiempo y el cinismo de Pardo lo lleva a decir que le salimos debiendo al Instituto por su magnanimidad.
Lo que significa este retorcimiento lógico es que la reserva vial de la 26 le quitó al parque mil doscientos metros y que el proyecto del IDPC le va a quitar cinco mil y pico metros adicionales. Tenían que cubrir la 26 y aunque no se sabe bien ni cuándo ni por qué, en algún momento y por algún motivo decidieron duplicar el área del proyecto y ocupar el «lote» vecino.
De modo que, atribuyéndose un derecho que no tienen, y porque se trata de un espacio que no entienden, decidieron, como quien invade un baldío, ocupar una parte del Parque de la Independencia.

Mientras tanto, el plan IDPC-CONFASE sigue su marcha,. Ya le presentaron el nuevo proyecto al Ministerio de Cultura y están a la espera que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural lo “autorice” para pasar a buscar la “aprobación” por parte de Planeación. Aprobación después de la cual asumo que debemos esperar otra adición presupuestal, similar a la que ya pasó CONFASE, por $1.300.000.000 para «diseños arquitectónicos». 1.300 millones, no 130 millones. Y no para la obra civil sino para diseño arquitectónico.

Quien quiera que vea desde afuera esta cifra, se puede imaginar que en Bogotá se juega Monopolio en serio; o que en la ciudad se va a diseñar un nuevo parque Simón Bolívar; sin entender que en Bogotá, y en Colombia, ser contratista en los tiempos actuales, equivale a ser miembro de la Iglesia durante la Edad Media.

Con el oportunismo del caso, el IDPC sigue invocando a “la comunidad” para justificarse. Pero “la comunidad” lo único que ha dicho son dos cosas, producto de dos opiniones diferentes dentro de la misma “comunidad”.

Los más radicales piden que se cumpla la orden judicial que obliga a suspender las obras hasta que toda la cadena de irregularidades, ilegalidades, mentiras y dilaciones, esté resuelta.

Los menos radicales, pedimos que el nuevo diseño se limite al área que cubre el túnel de la 26, que dejen de tumbar árboles y que dejen de insistir en hacernos ver una gran arquitectura donde no hay más que un capricho formal.

En lo que sí estamos de acuerdo unos y otros es en reclamar que los funcionarios asuman su papel de protectores del patrimonio y dejen de engañar al público. Y ahora, además, concordamos que con esta última intervención del IDPC, a quienes pretenden engañar es a los Concejales de la ciudad.

Juan Luis Rodríguez

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