Errar es humano. Pero es más humano echarle la culpa a otro.
Les Luthiers
Esta afirmación de Les Luthiers es de muy fácil y frecuente aplicación en el caso de colapsos de edificios. Cuando se presenta la tragedia, al primero que señala el dedo acusador es a un humano: el Curador Urbano. Este puede hacerle el quite a la responsabilidad y dejarla pasar diciendo que tanto el ingeniero de suelos como el calculista, al radicar sus proyectos, firmaron un documento donde se hacían responsables del estudio y sus consecuencias.
Normalmente, cuando falla una cimentación, el suelo –que es noble– cede lentamente y el edificio se hunde o se inclina anunciando su muerte inminente. No así la estructura de concreto que puede fallar en forma súbita cuando no está cumpliendo normas y códigos, dejando al calculista en el eje del huracán. Este (humano) puede alegar que la culpa es del promotor por haber pedido, sobre la marcha, dos pisos más.
Entonces el promotor (también humano) pide que revisen la manera en que el constructor levantó la estructura, y este (un humano más) da un paso al lado, alegando que cumplió con lo estipulado en los planos que recibió y que utilizó los materiales especificados, los que seguramente son los culpables del colapso.
Tiene entonces el proveedor (otro humano) que salir en su defensa y, al buscar en la cadena de quién puede recibir la culpa, encuentra los dos últimos eslabones: el usuario y la Divina Providencia. Al usuario solo se lo puede culpar si ha cambiado el uso del inmueble, llenando –por ejemplo– el apartamento de libros hasta el techo, carga no prevista en el diseño. Finalmente, a la Divina Providencia (no humana) se le puede endilgar todo lo demás: terremotos, deslizamientos, huracanes, inundaciones.
Alguno se estará preguntando por qué el arquitecto no apareció en la cadena. El motivo –ya lo he dicho– es que el arquitecto es el único profesional que no puede tener la culpa. Él propone la estructura y el calculista la calcula –y asume la responsabilidad– o la rechaza si no la encuentra viable. Un diseño arquitectónico puede ser feo, costoso, absurdo y no funcional, pero nunca la estética, los sobrecostos y la falta de lógica y funcionalidad han causado un colapso.
Otro se estará preguntando por qué hablo de colapsos. La respuesta es: porque en Cartagena se acaba de caer un edificio de siete pisos en construcción –en un sector donde el máximo de altura permitida es de cuatro pisos–, amparado por una licencia aparentemente falsa, causando veinte muertos, diez y seis heridos y catorce desaparecidos. Además, hay otros desaparecidos que no figuran en esta lista: los promotores-constructores quienes, tan pronto cayó el edificio, pusieron pies en polvorosa. O en la arenosa.
Otro más se preguntará: y si aparecen, ¿cuál será la pena para el culpable? No se sabe. Pero como referencia, veamos qué pasó con los culpables de la caída del bloque seis del conjunto SPACE en Medellín, el 12 de octubre de 2013.
La causa del siniestro, de acuerdo con el estudio de la Universidad de los Andes, fue «la falta de la capacidad estructural de las columnas para soportar las cargas actuales», debido a que los cálculos estructurales no cumplían con los requisitos de la Ley 400 de 1997. Está muy claro que este incumplimiento de las normas no fue ineptitud ni ignorancia ni descuido ni error, sino una consideración que no requiere muchas matemáticas: hierro que no se pone y concreto que no se funde son una mayor utilidad para el negocio. Esta ecuación tan rentable costó doce vidas. Inexplicablemente, los ingenieros antioqueños ofrecieron en su momento una condecoración –afortunadamente rechazada– al representante legal de la firma promotora Lérida CDO. Como si fuera poco –según el periódico EL TIEMPO–, la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de revocar la multa impuesta a tres de las cinco personas investigadas de dicha firma. El Consejo de Profesionales de la Ingeniería –COPNIA– acaba de sancionar a quienes tuvieron que ver con el diseño, la construcción y la supervisión del edificio SPACE con inhabilidad para ejercer su oficio. Al calculista se le canceló la matrícula profesional de por vida.
Mientras el país reclama sesenta años de cárcel para el asesino de una niña, para el considerado causante de doce muertes no aparece en la noticia la palabra cárcel. Lo que sí aparece es una multa de $128.870.000, que equivale a poco más de $10.000.000 por muerto.
Seguramente los hasta ahora desaparecidos responsables de la tragedia de Cartagena no estarán muy afanados por ser más humanos y –como dicen Les Luthiers– buscar a quien echarle la culpa, pues ya saben que –al menos en Medellín– los muertos en colapso de edificio son baratos.
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