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Acerca de Juan Luis Rodriguez

Profesor de arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá

Sabana de Bogotá

Sabana Verde de Bogotá

Diciembre 27 / 2017

La planeación regional es un tema de actualidad para los bogotanos involucrados con la urbanización y el problema del crecimiento desordenado de… ¿de Bogotá? ¿De Bogotá y los municipios aledaños? ¿De Bogotá sobre los municipios vecinos? ¿De la Sabana de Bogotá? ¿De Bogotá y la Sabana? La pregunta no es clara y, en consecuencia, el problema y la eventual solución tampoco lo son. Está claro que la población, el área construida y el negocio de la construcción crecen; está claro que lo hacen en desorden; y está claro que es un problema que requiere solución. Lo que no está claro es ¿cuál es el problema? Y menos ¿cuál sería la solución? Para unos, habría que aceptar el crecimiento y preverlo, lo cual implicaría un conjunto de soluciones; para otros, lo que habría que hacer es detener el crecimiento y en lo posible disminuir la población, lo cual requeriría un tipo diferente de soluciones. En cualquier caso, la respuesta es la planeación regional, un tema favorito de los estudios urbanos y los foros especializados durante los pasados treinta o cuarenta años.

Para los graduados durante el siglo XXI se trata de un tema caliente. Si el grado es de los 90, el valor se reduce a interesante, pero si el modelo del graduado es 70 u 80, se trata de un sinsabor de tres o cuatro décadas de antigüedad, bautizado y rebautizado con variantes como Bogotá y la Sabana, Bogotá y los municipios aledaños, Bogotá metropolitana, Gran Bogotá, Cuenca media del río Bogotá y la más reciente Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE, que incluye como «región» a los departamentos de Boyacá, Meta, Tolima y Cundinamarca. Visto por edades, el número de asistencias de un regionalista a un foro de aquellos en los que se resalta con estadísticas apocalípticas que la mayoría de la población mundial es urbana y en aumento, y que la planeación regional es inminente, tiene otro tipo de medida: para alguien menor de 40, el rango de asistencias puede estar entre 5 y 10; para los mayores de 40, por lo menos 10; y para un mayor de 50, la cuenta ya se perdió. En el último de estos encuentros de cuenta perdida al que asistí, un exalcalde municipal vaticinó con frustración que, por experiencia, «el 1 de enero de 2020, todo vuelve a empezar». En diez palabras, la sentencia de este ex-planificador urbano dio cuenta de la historia reciente del primer día de 2008, 2012 y 2016, al tiempo que anticipó algo del próximo amanecer cuatrienal, en 2020.

Lo que pasará dentro de dos años con las ideas del nuevo alcalde para la nueva Bogotá es incierto, pero de cumplirse el vaticinio del eterno comienzo, se sabe que los funcionarios salientes serán empapelados por cuanta minucia haya disponible, de la inconstitucionalidad de una fotocopia mal autorizada en adelante. Y se sabe que mientras avanzan las investigaciones, el nuevo gobernante se dedicará a sacar adelante, en tiempo récord, sus temas predilectos en materia de planeación, aprovechando que todo alcalde colombiano se convierte, por voto popular, en doctor honoris causa en planeación urbana y en panelista de rigor en los foros de planeación regional.

Aunque el problema de las fotocopias no es de planeación, es probable que si éste algún día se resuelve, el otro se desvanezca. La solución para la planeación, en cambio, es bastante sencilla, en términos generales: que los alcaldes nacionales dejen de tener el poder y la obligación de planear el espacio de las ciudades, y se dediquen exclusivamente a administrarlas, a través del único tipo de plan acorde con lo que le corresponde a un político, elegido para gobernar: el plan de desarrollo.

Un plan de desarrollo es un plan de inversiones y manejo del gasto público, hecho a partir de las prioridades y compromisos adquiridos por el alcalde durante la campaña. Por disposición legal, el nuevo gobernante tiene que presentar su plan durante el primer semestre de gobierno para el manejo de los presupuestos en salud, aseo, transporte, recreación, educación y mantenimiento vial, entre otros. Dentro del temario sobresale el plan de obras públicas, que incluye las obras por las que los alcaldes son más recordados. Obras como la Avenida Eldorado y el aeropuerto, los puentes de la 26, la Autopista Norte, las bibliotecas públicas, TransMilenio o el metro. Desafortunadamente, la tradición política nacional confunde planear y ejecutar obras viales y construir vivienda de interés social con planear el espacio urbano. El origen de la confusión viene de los años 1960, por cuenta de lo que se llamó planeación integral, la cual consiste, precisamente, en sobreponer «lo social, lo económico y lo espacial». No obstante, entender que planear «lo económico y lo social» deba necesariamente estar ligado a «lo espacial» ha llevado a economistas y alcaldes por igual, a confundir un plan de obras públicas con un plan urbanístico.

La tradición de la planeación espacial arrastra también su propia confusión. Lo demuestra con creces el sistema de ordenamiento territorial, OT, que combina en una lo que son dos necesidades diferentes: planear el medio ambiente natural y planear el medio ambiente construido. La confusión se acentúa con un prejuicio según el cual el medio ambiente es «natural» y, en consecuencia, construir es una especie de atentado contra la naturaleza. Así que si bien la primera parte de una eventual solución sería que los alcaldes no planeen el espacio, la solución efectiva requeriría, además, que la planeación del espacio se divida en dos: la planeación del medio ambiente natural, a cargo del ordenamiento territorial y la planeación del medio ambiente construido, a cargo del urbanismo. En conjunto, tendría que haber una secuencia ordenada de planes: primero, un plan de ordenamiento territorial para la Sabana, que determina las áreas no-urbanizables y las áreas urbanizables; segundo, un plan urbanístico municipal o distrital, limitado a las áreas urbanizables; y tercero, el plan de desarrollo o plan de gobierno.

Si en la Sabana de Bogotá hiciéramos la separación, habría un único plan de ordenamiento territorial, POT, para toda la Sabana; y una serie de planes urbanísticos municipales, ninguno de los cuales sería «autónomo», en el sentido que la primera tarea de cada plan sería adecuarse al POT-Sabanero. Así, los alcaldes quedarían por fuera de la planeación espacial y los urbanistas por fuera del ordenamiento regional. Si esto llegase a suceder y el alcalde se limita a utilizar adecuadamente los recursos de que dispone, es probable que el lío de las fotocopias se apague por falta de combustible.

Sin giros innecesarios para la región y al territorio, la región a la que pertenece Bogotá y por lo tanto el territorio sujeto al ordenamiento territorial es la Sabana. Denominaciones como Región Bogotá-Sabana, Gran-Bogotá, Región Bogotá-Cundinamarca, Bogotá y sus municipios aledaños, Bogotá Metropolitana y Cuenca media del río Bogotá son de origen económico y demográfico, no geográfico. Corregir estas asociaciones y definir geográficamente la región consiste en reconocer que el conjunto Bogotá D.C, municipios, cerros, sistema de ríos y planicie, compone un único territorio y una única región geográfica. Sin embargo, el territorio sabanero solo existe geográficamente porque la división territorial colombiana se limita a departamentos y municipios. Para que exista hay que “crearla” y solo se puede hacer desde el Congreso a través de una reforma constitucional. La reforma tendría primero que crear la Sabana como un territorio, pero ello sería apenas un prerrequisito, no un objetivo, pues el objetivo sería la creación de la estructura ecológica principal de la Sabana como un territorio nacional. Para ello se requiere previamente un cambio conceptual para la planeación: que la autonomía municipal de paso a la estructura ecológica principal como concepto rector para la planeación espacial.

Hay dos antecedentes con los que hay un deber: la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992; y la Ley 99 de 1993, por la cual se crearon el Ministerio y el Sistema Nacional Ambiental, SINA. A la Constitución de 1991 no se le puede reclamar la falta de inclusión de un acuerdo de 1992 y de una ley de 1993. No obstante, después de suscribir un tratado internacional y de conformar una institución como el SINA, la Constitución debió haberse sintonizado con el nuevo espíritu de la época. Desde luego, la ley 388 de 1997 -ley e desarrollo territorial- trató de hacerlo. Pero lo hizo sin modificar el ordenamiento y a partir del concepto de autonomía presupuestal, trasladado equívocamente a autonomía territorial.

Si se crea la estructura ecológica principal de la Sabana como un territorio nacional, generaría cambios territoriales de gran impacto. Por ejemplo: i) Bogotá dejaría de limitar con Mosquera, Funza, Cota y Chía, a través de una línea punteada sobre un mapa, localizada en el fondo del río Bogotá; ii) Bogotá también dejaría de limitar con la Calera, Ubaque y Choachí, a través de una línea punteada sobre algún lugar de los cerros orientales: iii) en consecuencia, Bogotá, Mosquera, Funza, Cota, Chía, la Calera, Ubaque y Choachí pasarían a limitar con un territorio nacional de miles de hectáreas, que es una parte de la Sabana “de” Bogotá. En la práctica, con la Sabana “del río” Bogotá, si consideramos que “de” Bogotá implica un equívoco inocente que lleva a algunos bogotanos a pensar que la Sabana les pertenece y que alguien se las está quitando. Equívocos similares son, por ejemplo: que la Sabana es algo «más allá» o allende de Bogotá D.C.; o que la Sabana disminuye en la medida que el D.C. crece; o que los cerros no son parte de la Sabana porque la Sabana es plana.

Si aspiramos a ser consecuentes con el medio ambiente construido y la realidad urbanística de la Sabana del río Bogotá, habría que afrontar la posibilidad de que en un siglo, o menos, pasemos de de 8 o 10 millones de personas a 15 o 20 millones. Basta considerar que Bogotá duplicó cuatro veces su población durante el siglo XX, pasando de 500 mil a 1 millón, a 2 millones, a 4 millones y finalmente a 8 millones. Como en 1954, se vio que el suelo disponible no alcanzaba, y que «los urbanizadores» llevaban varias décadas «urbanizando» por fuera del perímetro urbano, los municipios aledaños de entonces –Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme– se anexaron y de un día para otro la ciudad duplicó su tamaño. Hoy, ante la perspectiva «increíble» de volver a doblarnos, podemos seguir esperando a que el gobierno nacional adopte un autoritarismo similar que amplíe el perímetro urbano y convierta los nuevos municipios vecinos –Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, Ubaque y Choachí– en localidades del D.C. O que adopte políticas revolucionarias como el decrecimiento económico de Serge Latouche o el despoblamiento de la Sabana en función de un nuevo país de ciudades intermedias de Felipe van Cotthem.

Podemos también continuar organizando foros regionales mientras unas pocas firmas constructoras y unos cuantos alcaldes «voltean» el suelo sabanero según sus propias ideas de desarrollo «sostenible», «ecológico» o «verde», según la preferencia publicitaria de la estrategia de mercadeo. O bien podemos afrontar la perspectiva «inexorable» del crecimiento urbano sobre unos mínimos de racionalidad geográfica y política, y reconocer: i) que la Sabana se puede planear, empezando por definir con claridad las áreas urbanizables y las no-urbanizables; ii) que las áreas no-urbanizables constituyen la base de la estructura ecológica principal; y iii) que la estructura ecológica empieza por el sistema río-cerros, considerado como un sistema espacial. Todo esto, por supuesto, si aceptamos que se trata de planear dónde van a vivir millones de personas y que para ello es indispensable tener claro que lo harán -lo haremos- en un doble medio ambiente: uno construido y uno natural.

Poco se puede esperar de los partidos políticos actuales y de sus dinámicos miembros. En la práctica, si las reformas -constitucional o administrativa- fueran en beneficio del medio ambiente construido, probablemente tendrían muchos aliados. Si se limitaran, en cambio, al medio ambiente natural, lo más probable es que sus aliados se perderían después de las elecciones. Sin embargo, si en realidad hay un partido Verde con una ideología política Verde, podría haber una esperanza en una congresista como Angélica Lozano, quien hasta el momento ha demostrado tener un comportamiento ideológico inelástico. Lo que no se sabe es si estaría de acuerdo con que la ideología Verde no es ambientalista, a secas.

La ideología Verde no se pregunta si la sabana es una región, o si la reserva van der Hammen es necesaria, o si le conviene a Bogotá, o si a los dueños de la tierra se van a molestar, o si el urbanismo es malo y el ambientalismo bueno. Una ideología Verde se pregunta, en cambio, cuántas reservas más, tipo la van der Hammen, son necesarias para configurar la estructura ecológica principal de la Sabana del río Bogotá y cómo hacer para que lo que se sabe que es una región geográfica se convierta, además, en una región política, en la que eventualmente puedan convivir armónicamente 20 millones de personas. La respuesta tiene dos partes: i) habría que modificar el ordenamiento territorial colombiano para que la estructura ecológica principal de la Sabana del río Bogotá sea un territorio nacional; y ii) habría que modificar el sistema de planeación del espacio para que haya un único ordenamiento territorial sabanero y múltiples planes urbanísticos municipales, todos conectados a una única estructura ecológica principal.

ACLARACIÓN Y MICO

Aclaración

La estructura ecológica principal sería solo una parte de las áreas no-urbanizables de las que se ocuparía el OT. Las otras son: ii) las áreas destinadas a la producción de alimentos y materias primas (agrológicas, ganaderas, mineras); iii) las áreas destinadas a la producción de energía (hidráulica, eólica, solar, atómica); iv) las áreas destinadas al tratamiento de desechos (agua, basura, reciclaje); v) las áreas destinadas a centrales de abasto (alimentos, productos); vi) las áreas destinadas a terminales de transporte (aviones, buses, trenes); y vii)las áreas destinadas a las carreteras y ferrocarriles nacionales, cuyas áreas de afectación deberían igualmente estar protegidas como territorios nacionales. Ninguna de estas áreas tiene la necesidad de urbanistas, cuya naturaleza, como su nombre lo indica, es urbanizar.

Mico

Considerando:

1. Que Soacha ya es parte del Distrito Capital.
2. Que Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, Ubaque y Choachí dejarán de limitar con Bogotá y pasarán a hacerlo con el territorio nacional denominado Estructura Ecológica de la Sabana del río Bogotá.
3. Que a pesar de lo anterior, entre estos municipios continuará habiendo límites lineales por medio de cercas o punteados invisibles, en lugar de espacios.
4. Que para muchos planificadores es imposible renunciar a la tabla de Excel y al pensamiento lineal y en dos dimensiones.
5. Que el páramo de Sumapaz no es una localidad cuya manipulación estadística para generar cuentas engañosas como que más del 50% de Bogotá es una reserva ambiental, es perniciosa.

El Congreso de Colombia decreta-ría como artículos complementarios:
Primero, que Soacha pasa a ser una localidad más de Bogotá y Sumapaz una parte de la estructura ecológica.
Segundo, que entre uno y otro municipio de la Sabana, cualquiera que sea, cuando el municipio no limite con la estructura ecológica principal, se debe considerar un espacio de 200 a 400 metros a lado y lado de la línea divisoria entre los dos municipios, de modo que la planeación de este espacio tenga que ser concertada. En caso de que pasados 50 años los municipios involucrados no logren dicha concertación, el Ministerio del Medio Ambiente entrará a decidir qué uso darle a la franja.

* Imagen tomada de El Tiempo.

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serpenteo-de-la-gran-muralla

Las murallas son lo de menos. Respuesta a los comentaristas

Zonas

Central Park

Recibí dos comentarios de desaprobación a la propuesta para conservar la reserva van der Hammen a través de un parque urbano amurallado.

El primero asegura que se trata de un “afán ridículo” y pregunta “¿por qué debemos parecernos a otras ciudades, de otros países y otras culturas?”. El segundo se une al coro reiterando que copiar modelos extranjeros es un error y propone construir “una ciudad moldeada con consciencia de sus ecosistemas… Eso sí que sería un modelo propio, innovador y único, adaptado a nuestra cultura”.

Lo que “me pregunto” yo es otra cosa. Si una propuesta para conservar las 1.368 hectáreas de la reserva Thomas van der Hammen es una copia ridícula, ¿cuál sería la denominación adecuada para el alcalde Enrique Peñalosa: mago genial por desaparecer la reserva o cuatrero descarado por robársela?

Un tercer corresponsal interesado en el tema de la Región Bogotá me hizo, por correo electrónico, una invitación a apoyar la formulación de “un plan maestro regional, como referencia para la propuesta asociada Plan [de Ordenamiento] Zonal del Norte”, POZ. Estoy de acuerdo con la importancia con la planeación regional, tanto como con la planeación geográfica y ecosistémica, como entiendo que lo está la mayoría de gente involucrada con el problema del funcionamiento y la planeación responsable de la Sabana de Bogotá. Sin embargo, la región puede esperar y las declaraciones no alcanzan para CONSERVAR la van der Hammen.

Se puede discutir si la conservación de un área de 1.368 hectáreas debería hacerse a través de un proyecto de reconstrucción de un pasado ambiental, o del futuro de una ciudad habitada por 15 o 20 millones de personas. El hecho es que ninguna se puede sustraer al hecho de que el proyecto Lagos de Torca es una AMENAZA presente, a punto de ser aprobada por el Concejo. Sin que la reserva haya sido creada.

La reserva van der Hammen no pasa de ser un enunciado. No está creada porque no ha sido adquirida, no está reglamentada y no se ha definido cómo compensar a los propietarios ni la reubicación de algunos usos y usuarios. Tampoco se tiene un plan para mantenerla por el resto de la vida y menos la claridad de que todo tiene un costo de miles de millones de pesos, que de alguna parte tienen que salir. La creación, sin embargo, empieza por entender y actuar sobre las condiciones de posibilidad que amenazan su existencia: SUSPENDER el proyecto Lagos de Torca y REDEFINIR la zona norte.

* Imagen de la gran muralla china tomada de Taringa.

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Casa Shaio en venta

Esfera pública & Esfera privada

Septiembre 26 – 2016

El “espectacular” predio de la famosa casa en la que vivió Gonzalo Rodríguez Gacha no para de subir de precio. La primera valoración de la que oí hablar estaba por los 25 mil millones de pesos, la última va en 48 mil y, de ser cierto que habrá una puja pública, es de esperar que el precio suba un par de miles adicionales. Para algunos, la cifra no es escandalosa sino “apenas lógica” porque un lote como ese “vale una fortuna”. Para los de la supuesta especie con cola de puerco a la que pertenezco, lo espectacular eran la casa y su jardín y lo escandaloso es que semejantes casa y jardín, situados en la esquina de la carrera 13 con calle 86A, no sean parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Casa Shaio ofertarLa casa fue construida para el doctor Eduardo Shaio por el arquitecto Rafael Obregón en 1956-57. De la familia Shaio pasó a la familia de González, uno de mis compañeros del colegio, por lo cual tuve la suerte de conocerla. Después vino El mexicano, luego Estupefacientes y el siguiente propietario será alguien con la capacidad de desenfundar 50 o 60 mil millones de pesos. Según el cronograma clavado al muro que acompaña el anuncio, esto debió haberse definido el 16 de septiembre.

casasahioUNal Antes que admirar la casa, que me parecía muy simple, lo que me deslumbraba por allá al final de los años 70 eran la piscina y el jardín. Ahora lo que me asombra es el sofisticado modernismo que le dieron Shaio, Obregón y el paisajista japonés Hoshino, y del cual sólo se viene a caer en la cuenta cuando ya era una ruina. A esta sofisticación le siguió una intervención del decorador William Piedrahita a base de muebles, tapetes, cuadros y porcelanas, que con mucho acierto mantuvo la neutralidad de la arquitectura y el esplendor del jardín. Después, según me contó un vecino que dice haber llegado al barrio por la época en que la propiedad pasó a manos de la Comisión de Estupefacientes, El mexicano redecoró la casa a punta de espejos, griferías, muebles exóticos y otros favoritos asociados con el éxito del negocio de la cocaína. Luego vino el cuidado descuidado de Estupefacientes, época en la que la casa fue saqueada hasta el último baldosín. Luego, ya sin nada de “valor”, fue dejada a merced de unos indigentes de buen gusto que se la apropiaron y como lo recuerda quien me lo contó: “una noche, a mediados de los años 1990, el fuego con el que cocinaban y se calentaban se salió de control, la casa se quemó por completo, y acá llegaron ambulancias, máquinas de bomberos y carros de policía, por docenas, pues se sabía de los ocupantes y se temía que los hubieran quemado. Fueron ellos mismos quienes contaron lo que pasó”.

Aun con la casa devastada, el POT-2000 designó el predio como “institucional”, lo que motivó que una “institución” como el Colegio Liceo Francés tratara de comprarlo, como lote. El colegio adelantó un concurso arquitectónico entre exalumnos para estudiar la posibilidad de instalar ahí el preescolar del colegio. Pero en medio del concurso, según deduje de lo que me contó uno de los participantes, se les apareció el fantasma de la casa con el mensaje que el precio se estaba subiendo dramáticamente. El motivo: que esa tierra “vale mucho” y tiene “muchos interesados”. Como si el valor–patrimonial de una mansión moderna de más de 700 m2, con su excepcional jardín de casi 5.000 m2, careciera de mucho valor y mucho interés. Y como si el valor–económico del suelo fuera algo independiente de las normas de uso y altura que se producen entre las oficinas de Planeación Distrital y Camacol.

El paso de un predio institucional a un baile del millón tiene un precedente inmediato a pocas cuadras de La cabrera, en el Colegio Femenino de Colsubsidio, en Rosales. Situado en la calle 79B entre carreras 4 y 5, este predio también tenía un uso institucional, además de un edificio con protección patrimonial. A pesar de ello, la restricción desapareció, el uso cambió, el precio subió geométricamente y del predio brotó el conjunto Serranía de los Nogales, tal como del predio de El mexicano pronto brotará una Serranías de la Cabrera.

Aunque no es el caso porque la propiedad ya no pertenecía a los herederos de Rodríguez Gacha sino de una entidad estatal, es un hecho que muchos propietarios de casas y predios con restricciones patrimoniales están maniatados. Para defenderse, reclaman con razón que la Constitución del 91 protege la propiedad privada, y tienen razón. Sin embargo, la misma Constitución establece que la propiedad privada “tiene límites” y que será la ley la que determine el alcance de la libertad económica cuando “así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”. El problema se puede explicar como un asunto de falta de relación entre valor económico y valor patrimonial, o de falta de relación entre la esfera privada y la esfera pública.

Sin referirse a las esferas, el espíritu de la Constitución es evitar casos como la depredación que ya se dio con la Casa Shaio, o con la desaparición en curso de la Reserva Thomas van der Hammen. Dicho de otro modo: el espíritu de la ley apunta a proteger simultáneamente el interés público y el privado. O a evitar el abuso de poder en beneficio de uno u otro.

En la práctica, están por un lado los que consideran que eso del valor patrimonial es una tontería, y por otro los que consideran que eso del valor económico es una sinvergüencería. No obstante, más allá de los individuos que piensan de uno u otro modo, están las instituciones y las tradiciones que nos permiten pensar y proceder tan simplonamente y con tal falta de seriedad.

En un Estado serio, dice Héctor Abad, no se permite “que una ventana y una sala se vuelvan garaje [porque] uno no hace lo que le da la gana ni siquiera en su [propia] casa”. Esto a propósito de que su mamá alguna vez “compró un pichirilo, tumbó una pared del frente de la casa, y metió a su majestad el carro en la biblioteca a que goteara aceite” sobre un periódico. Antes de la Constitución de 1991, este improvisado garaje no era inconstitucional porque lo que alguien hiciera con su casa pertenecía a la esfera privada, como si se tratara de tatuarse un delfín en el cuello. Hoy, en una época diferente, el derecho del delfín continúa siendo parte de la esfera privada. El derecho del pichirilo ya no lo es.

En un Estado serio, digo yo, la esfera pública sería tan importante como la esfera privada; el valor económico sería tan valioso como el valor patrimonial y los alcaldes se dedicarían a administrar la ciudad, no a planearla. Y en una ciudad seria, nadie podría hacer lo que le dé la gana, empezando por Camacol y el alcalde de turno. Además, las intervenciones patrimoniales tendrían fines menos vulgares, por ejemplo: el colegio de Colsubsidio sería el preescolar del Liceo Francés, la casa Shaio sería un museo de arquitectura moderna, y la reserva van der Hammen sería el Centro de la Sabana de Bogotá.

* La primera imagen viene de la agencia de noticias de la Universidad Nacional. La segunda es del autor.

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Sabana de Bogotá

Para URBANIZAR la van der Hammen

Septiembre 8 – 2016

Urbanizar la reserva ambiental Thomas van der Hammen significa convertirla en un parque urbano de gran tamaño, PERO con sus bordes claramente definidos y sus áreas aledañas densamente pobladas, al modo de los bordes y las áreas aledañas del Central Park de Nueva York.

Hay parques urbanos enormes y paisajísticamente impresionantes PERO con una densidad y unos bordes “blandos”. Por ejemplo, el Parque Casa de Campo en Madrid, el Bosque de Chapultepec en México D.F., el Parque Metropolitano en Santiago de Chile y el Parque Fénix en Dublín, todos con más de 700 hectáreas, son “blandos”. Si les compara con las 320 hectáreas y los bordes claramente definidos y densamente poblados del parque neoyorkino.

Ante referentes como estos, Bogotá tendría la oportunidad de pertenecer a un selecto grupo con una reserva-parque-urbano de casi 1400 hectáreas. Para lograrlo, habría que poner en marcha algunos cambios administrativos, culturales e intelectuales.

Redefinir la Zona Norte

Cualquiera que se movilice por la Autopista Norte, rumbo a Chía, cuando pasa el Portal de la 170 empieza a percibir lo que es la zona norte de Bogotá: un territorio todavía abierto que va, más o menos, desde la calle 193 hasta La Caro, con los cerros orientales por un costado y “la sabana” por el otro. Este conocimiento geográfico-territorial es compartido por muchos como una experiencia.

Localidades

Otro es el conocimiento de la zona que tienen los propietarios de predios, y quienes por diferentes motivos tenemos que saber “qué pasa ahí”. El conocimiento consiste en saber que a uno y otro lado de la Autopista están las localidades de Suba (11) y Usaquén (1); y que una vez pasada la calle 245, se sale de Bogotá y se entra al municipio de Chía, así uno todavía se sienta en Bogotá.

Un grupo menor de ciudadanos relacionado con la planeación urbana sabe que el norte lo constituyen las tres zonas independientes indicadas en este plano zonal: la Unidad de Planeación Rural −UPR−, la reserva CAR, más conocida por su alias como la reserva van der Hammen, y la zona del Plan de Ordenamiento Zonal del Norte −POZ−.
Zonas
Como unidades de planeación, estas tres zonas debieron quedar reglamentadas por el primer Plan de Ordenamiento Territorial –POT− aprobado en el año 2000. Infortunadamente, la aprobación del POT-2000 excluyó el tratamiento específico de las tres áreas, lo cual convirtió la totalidad de la zona norte en una mancha negra que bloqueó el desarrollo de la zona. El bloqueo, a su vez, propició el desarrollo de Chía, Cajicá y La Calera como “partes” de la ciudad, “por fuera” de la ciudad. El infortunio sucedió porque al alcalde Enrique Peñalosa le pareció que si no podía hacer en la zona lo que él tenía en mente, pues no se haría nada. Y efectivamente, no se ha hecho nada.

Hoy, dieciséis años después, el mismo alcalde está de regreso y promoviendo un proyecto de 1800 hectáreas para la zona POZ, llamado Lagos de Torca. Una de las estrategias para vender Lagos de Torca ha sido suponer que la van der Hammen no existe, limitándose a presentar Lagos de Torca como una maravilla ecológica en sí misma, y desconociendo que la CAR, el Ministerio del Medio Ambiente y, en general, todo el que sabe algo de biología, definieron la van der Hammen como un patrimonio ambiental.

Como primera conclusión, la zona norte tendría que ser un territorio integrado de aproximadamente 5000 hectáreas, de las cuales 1368 serían un parque urbano. Pasado este primer acuerdo, habría que:

Suspender el proyecto Lagos de Torca

El plano que muestra las tres zonas que conforman la zona norte no lo presenta la alcaldía. Si lo hiciera, demostraría que la vecindad de Lagos de Torca con la van der Hammen es una oportunidad malgastada. El plano demuestra lo contrario: que la administración actúa estratégicamente y que su objetivo es aprobar un decreto que le permita al alcalde continuar con la idea que le quedó truncada hace dieciséis años.

Lagos de Torca propone todo lo que manda el manual: vivienda densa, ciclorrutas, mezcla de usos, mezcla de estratos, corredores verdes, parques para grandes y chicos, transporte intermodal, ecología a mares, vivienda con compromiso social, TransMilenio, recuperación del humedal Torca-Guaymaral, elevación de la Autopista Norte en un tramo de 400 metros, distribución de cargas y beneficios, y mucho más. Todo esto lo corroboré en un evento oficial de “socialización” del proyecto, el pasado sábado 27 de agosto en la Escuela Colombiana de Ingeniería.

Ámbito de aplicación

Asistí al evento con la doble curiosidad de saber qué pasaría con el metro en esta parte de la ciudad y cómo sería la relación de la zona POZ con la van der Hammen (zona CAR). La presentación hizo evidente que no hay ni habrá metro, también que la estrategia está montada y que la reserva es un objetivo militar. La evidencia más directa salta a la vista en la primera diapositiva de la presentación “ámbito de aplicación”, que presenta la zona UPR como límite occidental de Lagos de Torca. Sería prudente suponer que se trata de una equivocación, remediable con un poco de buena voluntad. Pero es más probable acertar si se apuesta a que la administración está actuando de mala fe. Para remediar esta incorrección y conservar la reserva, el Decreto POZ-Lagos de Torca tendría que ser votado negativamente en el Concejo de Bogotá. Además, habría que:

Cambiar de fines

A pesar de la adversidad, todavía estamos a tiempo para aceptar que la conservación patrimonial hace parte de cualquier proceso de urbanización. De ser así, el paso a seguir con la zona norte no debería ser cómo cambiar la norma para construir más, sino cómo hacer posible la conservación. Tendríamos entonces que reformular el objetivo inicial de cómo comprar la reserva a cómo gestionarla y financiarla. Y si además aceptamos que hacer negocios también es parte de “urbanizar”, tendríamos que considerar la situación hipotética de un propietario cualquiera, para el cual debería ser más rentable tener un lote de 2 o 3 mil metros cuadrados “frente a” la van der Hammen, que uno de 2 o 3 hectáreas en cualquier otra parte de la Sabana de Bogotá.

De modo que después de reconfigurar la zona norte, de archivar el proyecto Lagos de Torca, y de reformular los objetivos del proceso de urbanización, el paso a seguir sería aceptar que comprar o expropiar 1368 hectáreas no tiene futuro. En parte porque no hay con qué pagarlas, en parte porque la plata del Estado se debería invertir en obras de infraestructura, y en parte porque existen “mecanismos urbanísticos” más adecuadas para urbanizar y valorizar el suelo.

Cambiar de medios

Por ejemplo: el sistema de Bonos de progreso que se utilizó para la Carrera Décima, o la Transferencia de derechos de construcción que se utiliza en Canadá y en Europa (y que contempla la Ley 388 de 1997), o la redistribución de suelo o Reajuste de tierras, conocido por su efectividad en Japón (y también contemplado en la Ley 388). O una combinación de todos.

Las denominaciones son evidentes por sí mismas: los Bonos son papeles negociables que su propietario puede guardar en parte y redimir en parte, según su grado de ambición o necesidad; la Transferencia significa que el propietario deja de hacer algo en una parte del terreno a cambio de hacerlo en otra; y el Reajuste es algo que permite a un propietario que tiene, por ejemplo, el 3.45% inicial de 5 mil hectáreas, después de restar lo necesario (vías, reserva, rondas de río, lotes para edificios públicos y demás) queda con el 3.45% del área urbanizada para construcción, en forma de lotes, alrededor de lo que sería un paraíso ambiental. Así, para conservar la reserva, los mecanismos de gestión tendrían que estar más a tono con la planeación contemporánea. Además, habría que:

Cambiar de ideales

Para conservar la reserva ecológica que el alcalde intenta evaporar, habría que hacer dos ajustes a la “tradición”:
– Sustituir las ideas de perímetro urbano y norte de la ciudad, definidos en 1954, por una nueva forma de ver para la cual la reserva sería la Plaza de Bolívar de la Sabana de Bogotá.
– Sustituir la imagen suburbana representada en la casita individual en medio de la naturaleza, por un ideal de urbano inspirado en el borde amurallado del Central Park de Nueva York. Adaptado, por supuesto, a la realidad local del enorme y valioso patrimonio ambiental, alias van der Hammen.

Central Park

…lo que estoy proponiendo es la conservación de 1.400 hectáreas de la Sabana de Bogotá, bordeadas en dos costados por una muralla de edificios de 20, 30 y hasta 40 pisos de altura. No en todos los costados porque la condición de lugar permite –o exige– que dos de estos sean los cerros orientales y el cerro de la Conejera. Para los que consideren que esto es delirante, les respondo que el delirio está en el absurdo de la urbanización suburbana y la baja densidad. Y de paso, que si queremos evitar que el próximo Peñalosa llegue a “urbanizar” lo que será el perímetro urbano de Bogotá dentro de 50 años, deberíamos definir con la debida anticipación las próximas 2 mil, 3 mil o 6 mil hectáreas de patrimonio ambiental.

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Sin ESPACIO para el METRO

Junio 22 – 2016

La falta de un sistema de metro para Bogotá tiene un antecedente inmediato en el artículo 177 del POT 2000. En este debut de la figura Ordenamiento Territorial, aprobado entre 1997-2000 durante la primera alcaldía de Enrique Peñalosa, también se incluyó una Primera Línea del Metro que se desarrollaría “en dos etapas, durante un periodo de 9 años, contados a partir de la aprobación del presente Plan. Primera etapa: 15,3 km. por las avenidas Ciudad de Villavicencio y Ciudad de Cali, hasta la Calle 28-31. Segunda etapa: por Avenida Alberto Lleras Camargo y la carrera 7, hasta la Avenida Chile, calle 72.”

En su momento, el POT 2000 se aprobó incompleto y a lo largo de su vigencia ni se terminó ni dejó de modificarse. Durante las alcaldías posteriores sólo hubo lo usual: golpes de pecho, declaraciones de intención, dibujos futuristas y comunicados de prensa. Y hoy no hay metro plan de metro, ni POT; sólo la idea de que un POT es un requisito legal que se cumple pero no se acata.

En el 2000 no parecía necesario privilegiar o descartar el metro, dado que el proyecto de primera línea se suspendió por la coyuntura tragi-económica del costo prohibitivo de los tramos subterráneos, sumado al terremoto del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero, que absorbió los recursos nacionales del momento. Se sumaba a la tragedia que el tema del transporte masivo era una prioridad bogotana, y como Bogotá ya tenía su versión fallida de buses de carril exclusivo por la Troncal-Caracas, corregirla se volvió una alternativa, tan atractiva como urgente. Además, todavía se pensaba que un metro debe ser subterráneo, por defecto, y que sólo por desgracia se saca a la luz del sol. Tampoco había claridad respecto a la relación entre metro y espacio público y menos sobre la importancia de un sistema de metro integrado con uno de trenes regionales; y menos sobre la importancia del sistema de metro como proyecto estructurante dentro de un Plan urbanístico. Pero esto fue hace más de quince años. Los problemas fueran los mismos y reproducir hoy la misma falta de claridad es un sinsentido.

Sin referencia a este POT inaugural y sin relación alguna con uno nuevo, el alcalde ya presentó su plan de gobierno para “recuperar” Bogotá y el camino para “llenar la ciudad de TransMilenios” ya está despejado por el Concejo. Pensará el alcalde que después de tanto esfuerzo para volver al poder, no es para menos. Al fin y al cabo, la retoma fue muy difícil y exigió un par de maniobras que demuestran dos virtudes, o dos vergüenzas, según quien lo vea: i) Deambular durante varios años de un toldo político a otro, en busca del padrinazgo adecuado para volver a la alcaldía. ii) Aprender a disimular sus antipatías por el metro, la reserva Thomas van der Hammen y la planeación urbanística, convenciendo a los electores de que Gustavo Petro era su único fastidio. Para verificar el desprecio público por su antecesor no necesita demostraciones. Para ponerse al día con lo demás, bastan unos minutos de video. Sigue leyendo

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METRO-politano

Abril 6 – 2016

En tres intervenciones anteriores intenté mostrar que a Bogotá le está yendo mal en asuntos de planeación urbana, debido a la pobreza de un diseño institucional que permite a alcaldes y gobernadores a planear las ciudades como parte de los planes de gobierno. En Pobre metro, planteo que nos quedaremos sin un sistema de metro porque el alcalde Enrique Peñalosa va a “cumplir” con el compromiso de hacer la línea prioritaria, en la medida que tal promesa no interfiera con la promesa superior de llevar el sistema TransMilenio a sus últimas consecuencias. En Sabana pobre de Bogotá, planteo que a pesar de la retórica sobre la inminente necesidad de que Bogotá sea una región cuyas fronteras sean geográficas, seguiremos con el mismo perímetro urbano político-administrativo, porque la decisión depende de un improbable acuerdo de paz entre los alcaldes de Bogotá, los alcaldes de los municipios aledaños y el gobernador de Cundinamarca. En Espacio público a la romana, planteo que si aspiramos a que el espacio público tenga la importancia que se dice que tiene, su concepción debe superar la concepción recreativa que reflejan la norma urbanística vigente y la política gubernamental de “recuperar Bogotá”, y dar un paso adelante hacia una concepción cívica que incluya varios tipos de edificio, en particular el metro.  Sigue leyendo

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