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Sabana de Bogotá

Sabana Verde de Bogotá

Diciembre 27 / 2017

La planeación regional es un tema de actualidad para los bogotanos involucrados con la urbanización y el problema del crecimiento desordenado de… ¿de Bogotá? ¿De Bogotá y los municipios aledaños? ¿De Bogotá sobre los municipios vecinos? ¿De la Sabana de Bogotá? ¿De Bogotá y la Sabana? La pregunta no es clara y, en consecuencia, el problema y la eventual solución tampoco lo son. Está claro que la población, el área construida y el negocio de la construcción crecen; está claro que lo hacen en desorden; y está claro que es un problema que requiere solución. Lo que no está claro es ¿cuál es el problema? Y menos ¿cuál sería la solución? Para unos, habría que aceptar el crecimiento y preverlo, lo cual implicaría un conjunto de soluciones; para otros, lo que habría que hacer es detener el crecimiento y en lo posible disminuir la población, lo cual requeriría un tipo diferente de soluciones. En cualquier caso, la respuesta es la planeación regional, un tema favorito de los estudios urbanos y los foros especializados durante los pasados treinta o cuarenta años.

Para los graduados durante el siglo XXI se trata de un tema caliente. Si el grado es de los 90, el valor se reduce a interesante, pero si el modelo del graduado es 70 u 80, se trata de un sinsabor de tres o cuatro décadas de antigüedad, bautizado y rebautizado con variantes como Bogotá y la Sabana, Bogotá y los municipios aledaños, Bogotá metropolitana, Gran Bogotá, Cuenca media del río Bogotá y la más reciente Región Administrativa de Planeación Especial, RAPE, que incluye como «región» a los departamentos de Boyacá, Meta, Tolima y Cundinamarca. Visto por edades, el número de asistencias de un regionalista a un foro de aquellos en los que se resalta con estadísticas apocalípticas que la mayoría de la población mundial es urbana y en aumento, y que la planeación regional es inminente, tiene otro tipo de medida: para alguien menor de 40, el rango de asistencias puede estar entre 5 y 10; para los mayores de 40, por lo menos 10; y para un mayor de 50, la cuenta ya se perdió. En el último de estos encuentros de cuenta perdida al que asistí, un exalcalde municipal vaticinó con frustración que, por experiencia, «el 1 de enero de 2020, todo vuelve a empezar». En diez palabras, la sentencia de este ex-planificador urbano dio cuenta de la historia reciente del primer día de 2008, 2012 y 2016, al tiempo que anticipó algo del próximo amanecer cuatrienal, en 2020.

Lo que pasará dentro de dos años con las ideas del nuevo alcalde para la nueva Bogotá es incierto, pero de cumplirse el vaticinio del eterno comienzo, se sabe que los funcionarios salientes serán empapelados por cuanta minucia haya disponible, de la inconstitucionalidad de una fotocopia mal autorizada en adelante. Y se sabe que mientras avanzan las investigaciones, el nuevo gobernante se dedicará a sacar adelante, en tiempo récord, sus temas predilectos en materia de planeación, aprovechando que todo alcalde colombiano se convierte, por voto popular, en doctor honoris causa en planeación urbana y en panelista de rigor en los foros de planeación regional.

Aunque el problema de las fotocopias no es de planeación, es probable que si éste algún día se resuelve, el otro se desvanezca. La solución para la planeación, en cambio, es bastante sencilla, en términos generales: que los alcaldes nacionales dejen de tener el poder y la obligación de planear el espacio de las ciudades, y se dediquen exclusivamente a administrarlas, a través del único tipo de plan acorde con lo que le corresponde a un político, elegido para gobernar: el plan de desarrollo.

Un plan de desarrollo es un plan de inversiones y manejo del gasto público, hecho a partir de las prioridades y compromisos adquiridos por el alcalde durante la campaña. Por disposición legal, el nuevo gobernante tiene que presentar su plan durante el primer semestre de gobierno para el manejo de los presupuestos en salud, aseo, transporte, recreación, educación y mantenimiento vial, entre otros. Dentro del temario sobresale el plan de obras públicas, que incluye las obras por las que los alcaldes son más recordados. Obras como la Avenida Eldorado y el aeropuerto, los puentes de la 26, la Autopista Norte, las bibliotecas públicas, TransMilenio o el metro. Desafortunadamente, la tradición política nacional confunde planear y ejecutar obras viales y construir vivienda de interés social con planear el espacio urbano. El origen de la confusión viene de los años 1960, por cuenta de lo que se llamó planeación integral, la cual consiste, precisamente, en sobreponer «lo social, lo económico y lo espacial». No obstante, entender que planear «lo económico y lo social» deba necesariamente estar ligado a «lo espacial» ha llevado a economistas y alcaldes por igual, a confundir un plan de obras públicas con un plan urbanístico.

La tradición de la planeación espacial arrastra también su propia confusión. Lo demuestra con creces el sistema de ordenamiento territorial, OT, que combina en una lo que son dos necesidades diferentes: planear el medio ambiente natural y planear el medio ambiente construido. La confusión se acentúa con un prejuicio según el cual el medio ambiente es «natural» y, en consecuencia, construir es una especie de atentado contra la naturaleza. Así que si bien la primera parte de una eventual solución sería que los alcaldes no planeen el espacio, la solución efectiva requeriría, además, que la planeación del espacio se divida en dos: la planeación del medio ambiente natural, a cargo del ordenamiento territorial y la planeación del medio ambiente construido, a cargo del urbanismo. En conjunto, tendría que haber una secuencia ordenada de planes: primero, un plan de ordenamiento territorial para la Sabana, que determina las áreas no-urbanizables y las áreas urbanizables; segundo, un plan urbanístico municipal o distrital, limitado a las áreas urbanizables; y tercero, el plan de desarrollo o plan de gobierno.

Si en la Sabana de Bogotá hiciéramos la separación, habría un único plan de ordenamiento territorial, POT, para toda la Sabana; y una serie de planes urbanísticos municipales, ninguno de los cuales sería «autónomo», en el sentido que la primera tarea de cada plan sería adecuarse al POT-Sabanero. Así, los alcaldes quedarían por fuera de la planeación espacial y los urbanistas por fuera del ordenamiento regional. Si esto llegase a suceder y el alcalde se limita a utilizar adecuadamente los recursos de que dispone, es probable que el lío de las fotocopias se apague por falta de combustible.

Sin giros innecesarios para la región y al territorio, la región a la que pertenece Bogotá y por lo tanto el territorio sujeto al ordenamiento territorial es la Sabana. Denominaciones como Región Bogotá-Sabana, Gran-Bogotá, Región Bogotá-Cundinamarca, Bogotá y sus municipios aledaños, Bogotá Metropolitana y Cuenca media del río Bogotá son de origen económico y demográfico, no geográfico. Corregir estas asociaciones y definir geográficamente la región consiste en reconocer que el conjunto Bogotá D.C, municipios, cerros, sistema de ríos y planicie, compone un único territorio y una única región geográfica. Sin embargo, el territorio sabanero solo existe geográficamente porque la división territorial colombiana se limita a departamentos y municipios. Para que exista hay que “crearla” y solo se puede hacer desde el Congreso a través de una reforma constitucional. La reforma tendría primero que crear la Sabana como un territorio, pero ello sería apenas un prerrequisito, no un objetivo, pues el objetivo sería la creación de la estructura ecológica principal de la Sabana como un territorio nacional. Para ello se requiere previamente un cambio conceptual para la planeación: que la autonomía municipal de paso a la estructura ecológica principal como concepto rector para la planeación espacial.

Hay dos antecedentes con los que hay un deber: la Declaración de Río de Janeiro sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, en 1992; y la Ley 99 de 1993, por la cual se crearon el Ministerio y el Sistema Nacional Ambiental, SINA. A la Constitución de 1991 no se le puede reclamar la falta de inclusión de un acuerdo de 1992 y de una ley de 1993. No obstante, después de suscribir un tratado internacional y de conformar una institución como el SINA, la Constitución debió haberse sintonizado con el nuevo espíritu de la época. Desde luego, la ley 388 de 1997 -ley e desarrollo territorial- trató de hacerlo. Pero lo hizo sin modificar el ordenamiento y a partir del concepto de autonomía presupuestal, trasladado equívocamente a autonomía territorial.

Si se crea la estructura ecológica principal de la Sabana como un territorio nacional, generaría cambios territoriales de gran impacto. Por ejemplo: i) Bogotá dejaría de limitar con Mosquera, Funza, Cota y Chía, a través de una línea punteada sobre un mapa, localizada en el fondo del río Bogotá; ii) Bogotá también dejaría de limitar con la Calera, Ubaque y Choachí, a través de una línea punteada sobre algún lugar de los cerros orientales: iii) en consecuencia, Bogotá, Mosquera, Funza, Cota, Chía, la Calera, Ubaque y Choachí pasarían a limitar con un territorio nacional de miles de hectáreas, que es una parte de la Sabana “de” Bogotá. En la práctica, con la Sabana “del río” Bogotá, si consideramos que “de” Bogotá implica un equívoco inocente que lleva a algunos bogotanos a pensar que la Sabana les pertenece y que alguien se las está quitando. Equívocos similares son, por ejemplo: que la Sabana es algo «más allá» o allende de Bogotá D.C.; o que la Sabana disminuye en la medida que el D.C. crece; o que los cerros no son parte de la Sabana porque la Sabana es plana.

Si aspiramos a ser consecuentes con el medio ambiente construido y la realidad urbanística de la Sabana del río Bogotá, habría que afrontar la posibilidad de que en un siglo, o menos, pasemos de de 8 o 10 millones de personas a 15 o 20 millones. Basta considerar que Bogotá duplicó cuatro veces su población durante el siglo XX, pasando de 500 mil a 1 millón, a 2 millones, a 4 millones y finalmente a 8 millones. Como en 1954, se vio que el suelo disponible no alcanzaba, y que «los urbanizadores» llevaban varias décadas «urbanizando» por fuera del perímetro urbano, los municipios aledaños de entonces –Usaquén, Suba, Engativá, Fontibón, Bosa y Usme– se anexaron y de un día para otro la ciudad duplicó su tamaño. Hoy, ante la perspectiva «increíble» de volver a doblarnos, podemos seguir esperando a que el gobierno nacional adopte un autoritarismo similar que amplíe el perímetro urbano y convierta los nuevos municipios vecinos –Soacha, Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, Ubaque y Choachí– en localidades del D.C. O que adopte políticas revolucionarias como el decrecimiento económico de Serge Latouche o el despoblamiento de la Sabana en función de un nuevo país de ciudades intermedias de Felipe van Cotthem.

Podemos también continuar organizando foros regionales mientras unas pocas firmas constructoras y unos cuantos alcaldes «voltean» el suelo sabanero según sus propias ideas de desarrollo «sostenible», «ecológico» o «verde», según la preferencia publicitaria de la estrategia de mercadeo. O bien podemos afrontar la perspectiva «inexorable» del crecimiento urbano sobre unos mínimos de racionalidad geográfica y política, y reconocer: i) que la Sabana se puede planear, empezando por definir con claridad las áreas urbanizables y las no-urbanizables; ii) que las áreas no-urbanizables constituyen la base de la estructura ecológica principal; y iii) que la estructura ecológica empieza por el sistema río-cerros, considerado como un sistema espacial. Todo esto, por supuesto, si aceptamos que se trata de planear dónde van a vivir millones de personas y que para ello es indispensable tener claro que lo harán -lo haremos- en un doble medio ambiente: uno construido y uno natural.

Poco se puede esperar de los partidos políticos actuales y de sus dinámicos miembros. En la práctica, si las reformas -constitucional o administrativa- fueran en beneficio del medio ambiente construido, probablemente tendrían muchos aliados. Si se limitaran, en cambio, al medio ambiente natural, lo más probable es que sus aliados se perderían después de las elecciones. Sin embargo, si en realidad hay un partido Verde con una ideología política Verde, podría haber una esperanza en una congresista como Angélica Lozano, quien hasta el momento ha demostrado tener un comportamiento ideológico inelástico. Lo que no se sabe es si estaría de acuerdo con que la ideología Verde no es ambientalista, a secas.

La ideología Verde no se pregunta si la sabana es una región, o si la reserva van der Hammen es necesaria, o si le conviene a Bogotá, o si a los dueños de la tierra se van a molestar, o si el urbanismo es malo y el ambientalismo bueno. Una ideología Verde se pregunta, en cambio, cuántas reservas más, tipo la van der Hammen, son necesarias para configurar la estructura ecológica principal de la Sabana del río Bogotá y cómo hacer para que lo que se sabe que es una región geográfica se convierta, además, en una región política, en la que eventualmente puedan convivir armónicamente 20 millones de personas. La respuesta tiene dos partes: i) habría que modificar el ordenamiento territorial colombiano para que la estructura ecológica principal de la Sabana del río Bogotá sea un territorio nacional; y ii) habría que modificar el sistema de planeación del espacio para que haya un único ordenamiento territorial sabanero y múltiples planes urbanísticos municipales, todos conectados a una única estructura ecológica principal.

ACLARACIÓN Y MICO

Aclaración

La estructura ecológica principal sería solo una parte de las áreas no-urbanizables de las que se ocuparía el OT. Las otras son: ii) las áreas destinadas a la producción de alimentos y materias primas (agrológicas, ganaderas, mineras); iii) las áreas destinadas a la producción de energía (hidráulica, eólica, solar, atómica); iv) las áreas destinadas al tratamiento de desechos (agua, basura, reciclaje); v) las áreas destinadas a centrales de abasto (alimentos, productos); vi) las áreas destinadas a terminales de transporte (aviones, buses, trenes); y vii)las áreas destinadas a las carreteras y ferrocarriles nacionales, cuyas áreas de afectación deberían igualmente estar protegidas como territorios nacionales. Ninguna de estas áreas tiene la necesidad de urbanistas, cuya naturaleza, como su nombre lo indica, es urbanizar.

Mico

Considerando:

1. Que Soacha ya es parte del Distrito Capital.
2. Que Mosquera, Funza, Cota, Chía, La Calera, Ubaque y Choachí dejarán de limitar con Bogotá y pasarán a hacerlo con el territorio nacional denominado Estructura Ecológica de la Sabana del río Bogotá.
3. Que a pesar de lo anterior, entre estos municipios continuará habiendo límites lineales por medio de cercas o punteados invisibles, en lugar de espacios.
4. Que para muchos planificadores es imposible renunciar a la tabla de Excel y al pensamiento lineal y en dos dimensiones.
5. Que el páramo de Sumapaz no es una localidad cuya manipulación estadística para generar cuentas engañosas como que más del 50% de Bogotá es una reserva ambiental, es perniciosa.

El Congreso de Colombia decreta-ría como artículos complementarios:
Primero, que Soacha pasa a ser una localidad más de Bogotá y Sumapaz una parte de la estructura ecológica.
Segundo, que entre uno y otro municipio de la Sabana, cualquiera que sea, cuando el municipio no limite con la estructura ecológica principal, se debe considerar un espacio de 200 a 400 metros a lado y lado de la línea divisoria entre los dos municipios, de modo que la planeación de este espacio tenga que ser concertada. En caso de que pasados 50 años los municipios involucrados no logren dicha concertación, el Ministerio del Medio Ambiente entrará a decidir qué uso darle a la franja.

* Imagen tomada de El Tiempo.

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arqanonimos

Arquitectos anónimos

Se sabe el nombre de la niña rubia que surge de una concha y el de su autor, pues El nacimiento de Venus y el pintor Botticelli siempre han estado unidos, como El Guernica y Picasso, Aida y Verdi, El Quijote y Cervantes, Las cuatro estaciones y Vivaldi. Pero, ¿alguien sabe que el arquitecto que diseñó el famoso rascacielos Empire State se llamaba William F. Lamb?

Decir que alguien descubrió la vacuna contra el cáncer sin decir quien, suena absurdo, pero, guardadas proporciones, es lo que pasa frecuentemente con los arquitectos, al menos en Colombia.

Con mucha frecuencia leemos descripciones de proyectos, acompañadas de infinidad de datos que para nosotros son superfluos, sin que aparezca por ninguna parte el nombre de los arquitectos –anónimos en este caso– que los diseñaron. Para muestra un botón:

La Universidad Nacional invertirá 70.000 millones de pesos en el nuevo edificio para la Facultad de Artes. Se empezará a construir el próximo año y contará con tres bloques que albergarán las escuelas de Arquitectura, Diseño Industrial y Cine y Televisión. El antiguo edificio tuvo que ser demolido porque tenía un gran desgaste estructural.

Esta noticia apareció en el periódico EL TIEMPO del 26 de noviembre de 2017. Quedamos enterados del costo, del inicio de la construcción, de cuántos bloques son y qué escuelas albergará. Pero del arquitecto, nada.

El segundo botón está contenido en las siguientes tres cartas:

Señora
SARAY MENDEZ
Gerente de Comunicaciones
Cámara de Comercio de Bogotá

Estimada Señora:

La Cámara de Comercio de Bogotá no quería un gran edificio. Quería mucho más. Quería un ícono, como estaba explícito en estos apartes de las bases del concurso internacional convocado para tal fin:

«Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, un espacio de talla mundial que se convertirá en ícono de la ciudad y permitirá promover internacionalmente a Bogotá, así como atraer el turismo corporativo y de negocios para mejorar la competitividad de la ciudad…»

« […] Según Consuelo Caldas, Presidenta Ejecutiva de la CCB, con este proyecto la Cámara de Comercio de Bogotá y Corferias esperan mostrar a Bogotá como una ciudad dinámica, incluyente y sostenible que se convierta en un ícono urbano de la talla de la Torre Eiffel de París, el Teatro de la Ópera de Sydney [sic] o del Museo Guggenheim de Bilbao».

«Durante la primera etapa del concurso, se elegirán los cinco (5) candidatos que presenten el mejor diseño conceptual».

Como respuesta a  la convocatoria se inscribieron 90 consorcios, y dentro de los cinco candidatos que presentaron el mejor diseño conceptual, el jurado escogió como ganador al proyecto presentado por el consorcio constituido por la firma colombiana de Daniel Bermúdez y la española de Juan Herreros. Por la calidad de los miembros del jurado, estoy seguro de que el proyecto escogido era el mejor. Lo de ícono está por verse, pues los edificios íconos no nacen, se vuelven.

Y no se volvió a saber nada del Centro Internacional de Convenciones de Bogotá, distinto de que estaba en construcción. Hasta que en la revista Semana apareció una información que motivó mi primera carta:

Señores
Revista SEMANA
Ciudad

 ¿Quién sabe cuántos pisos y metros cuadrados tiene la Torre Trump, cuánto costó la torre Eiffel, cuántos puntos porcentuales del PIB producen las pirámides de Egipto, cuántos sectores de la economía se activaron con la construcción del museo Guggenheim en Bilbao? La respuesta es: casi nadie lo sabe porque a casi nadie le importa. Y esta información que a casi nadie le importa fue la que apareció en su artículo A otro nivel publicado en la edición 1850 de la revista SEMANA, sobre el Centro Internacional de Convenciones Ágora.

Pero en cambio no apareció lo que todos los interesados en arquitectura quisiéramos saber: quién diseñó tan importante obra. Contar que fue el arquitecto colombiano Daniel Bermúdez, asociado con el arquitecto español Juan Herreros, solamente habría aumentado trece a las casi mil palabras que tiene el artículo que, puesto en los términos de ustedes, equivale al 1.3 % del texto.

Nunca he visto una reseña sobre un libro –así sea una mala novela– o sobre un cuadro –así sea una mala pintura– en la que no se nombre al autor, personaje que casi nunca aparece cuando de arquitectura se trata.

A nombre del Arquitecto Anónimo –anónimo por culpa de los medios– le pido a SEMANA que incluya en sus protocolos la obligación de nombrar al autor en todas les reseñas sobre arquitectura. Tal vez en este caso, una golondrina sí haga un pequeño verano.

En la siguiente edición de la misma revista apareció una reseña similar que generó mi siguiente carta:

Señores
Revista SEMANA
Ciudad

En mi primera carta a SEMANA de octubre 17, me quejaba de que en las reseñas de obras de arquitectura no se informara sobre el o los autores, como sí sucede con las de literatura, música o cine. La queja se refería al Centro de Eventos Ágora, publicado en la edición 1850 con generosidad de datos tales como altura en pisos, metros cuadrados construidos, puntos porcentuales del PIB que producirá, y sectores de la economía activados. En ninguna parte se mencionaba que los autores fueron los arquitectos Daniel Bermúdez y Juan Herreros.

Acabo de recibir, acompañando la edición 1852 de SEMANA, la separata Bogotá Creativa en la que aparece nuevamente Ágora. Alcancé a pensar que mi primera carta –no publicada– habría surtido efecto y los diseñadores aparecerían en forma destacada. Vana ilusión. Nuevamente brillaban los datos ya citados, más algunos adicionales que, me imagino, SEMANA considera que todos los lectores deben saber, como los 134.552 metros cúbicos de tierra excavada, y nada de Bermúdez y Herreros.

Si una revista de la importancia de SEMANA no considera un derecho de los arquitectos que se reconozca su oficio, solo nos queda una pregunta chapulinezca: ¿quién podrá defendernos?

Las dos cartas no fueron ni contestadas ni publicadas.

La posibilidad de que esta reseña provenga de un comunicado de prensa que no incluía a Bermúdez y Herreros, me llevó a escribir esta tercera carta, esta vez a usted. Aunque los bogotanos no conocemos el edificio –aparentemente terminado–, estamos seguros de que es sobresaliente, y esto se debe al esfuerzo y a las capacidades de los proyectistas, sus colaboradores y todos los técnicos involucrados en los procesos de diseño y construcción. Sin embargo, para quienes leímos las reseñas, la sensación que nos quedó es que Semana y la CCB consideran que fue un grupo anónimo de personas y no cientos de esforzados profesionales y obreros quienes hicieron realidad la obra.

La ética de los arquitectos, señora Méndez, nos pide volcar en cada proyecto todas nuestras capacidades para lograr el mejor resultado. Y el resultado es el edificio terminado. Los edificios hablan por sus autores, y así como tenemos la responsabilidad del diseño y la obligación de buscar la excelencia, creemos tener el derecho de que figure el nombre de los autores del edificio. Solo le pido respetuosamente, como arquitecto, que se reconozca nuestro aporte, como sí sucede con otros artistas, científicos y académicos.

En el caso que nos ocupa, se trata de un importante proyecto que, estoy seguro, será motivo de orgullo de la Cámara de Comercio, los autores y los ciudadanos.

Atentamente,

Willy Drews
Arquitecto

C.C. Dra Mónica de Greiff
Presidente
Cámara de Comercio de Bogotá

 

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manzana podrida

Nueve consejos a una manzana podrida

Una de las cosas más importantes que ha hecho el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus Profesiones Afines es un librito negro de solo 11 cm por 11 cm en planta y 1.5 cm en alzado, con un nombre muy largo para su tamaño: Ética en el ejercicio profesional de la arquitectura y profesiones auxiliares para crear y obrar en conciencia, código que todos los arquitectos debemos seguir. Sin embargo, como en todo gremio, dentro de los honestos se esconde una que otra manzana podrida.

Acaba de llegar a mis manos la descripción de la materia de estos tres contratos, supuestamente firmados con la alcaldía local de La Candelaria. No puedo saber si son verdaderos –yo creo que sí– o falsos, o si hubo de por medio amistad, nepotismo, licitación amañada, adjudicación a dedo, pago de favores, coimas, tajadas, serrucho, propinas, mermelada, untada de mano, engrasada, participación, porcentaje, CVY (como voy yo), o transferencias a cuentas cifradas; pero de todas maneras, nos sirven para dar algunos consejos a un futuro corrupto, aspirante a manzana podrida. Como hay muchas especialidades de corrupción, en este caso vamos a tratar solamente el tema de contratación y licitación públicas.

CONTRATO # 1
Licitación pública
Adjudicado
BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL LA CANDELARIA
Valor $396.000.000

Realizar axiones (sic) de sensibilización, empoderamiento y recuperación de espacios ambientales en la localidad de La Candelaria teniendo en cuenta el concepto de ciudades verdes y el manejo adecuado de residuos sólidos.

CONTRATO # 2
Licitación pública
Liquidado
BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL LA CANDELARIA
Valor $247.000.000

Realizar el proceso integral de ejecución de las acciones de participación, sensibilización, capacitación, organización, gestión, dotación e inclusión de la población recicladora, para el manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables, en el marco del programa Basura Cero en la localidad de La Candelaria, Bogotá D.C.

CONTRATO # 3
Contratación pública
Adjudicado
BOGOTÁ D.C. ALCALDÍA LOCAL LA CANDELARIA
Valor $235.441.460

Capacitar a los habitantes de la localidad en redes locales de alertas tempranas y rutas protectoras para convocar la solidaridad y la corresponsabilidad social orientada a la prevención y protección e implementación y desarrollar el sistema de alertas tempranas (SAT) frente al riesgo y adaptación al cambio climático.

Consejo # 1: Nuca fije el valor del contrato en números redondos.
Un contrato en cifras redondas hace pensar que los números se ajustaron (lo cual lógicamente es cierto). Para fijar el valor, calcule lo que costaría algo que parezca un documento que podría ser recibido como informe final, incluyendo las palabras que aparecen en la materia del contrato. Después multiplique ese valor por una cifra entre 5 y 10, dependiendo de entre cuantas personas hay que repartir la «marrana», y finalmente conviértalo en una cifra como $235.441.460 (contrato # 3), que suena como si fuera un valor cuidadosamente calculado.

Consejo # 2: Haga la descripción del alcance lo más larga posible.
Una descripción larga hace pensar en un trabajo igualmente largo. Que tal este: «realizar el proceso integral de ejecución de las acciones de participación, sensibilización, capacitación, organización, gestión, dotación e inclusión de la población recicladora, para el manejo adecuado de los residuos sólidos aprovechables, en el marco del programa Basura Cero en la localidad de La Candelaria, Bogotá D.C.» (contrato # 2).

Consejo # 3: Procure que el alcance sea lo más impreciso posible.
Los tres contratos son muy buenos ejemplos del trabajo que hizo el contratante para lograrlo. Como ejercicio trate de redactar este en una forma más confusa: «capacitar […] en redes locales de alertas tempranas y rutas protectoras para convocar la solidaridad y la corresponsabilidad social orientada a la prevención y protección e implementación y desarrollar el sistema de alertas tempranas (SAT) frente al riesgo y adaptación al cambio climático» (contrato # 3).

Consejo # 4: No deje claro el material que se debe entregar.
¿Que entregaría usted para justificar que cumplió con lo contratado en el contrato # 1?: «realizar axiones (sic) de sensibilización, empoderamiento y recuperación de espacios ambientales […] teniendo en cuenta el concepto de ciudades verdes y el manejo adecuado de residuos sólidos».

Consejo # 5: Cerciórese de que el material que se entrega no permita hacer una evaluación matemática.
Hagamos un ejercicio con el contrato # 2: ¿con cuántas personas se realizó el proceso integral de ejecución de las acciones de participación? ¿Cuál fue el nivel que se logró de sensibilización, capacitación, organización, gestión, dotación e inclusión de la población recicladora? ¿A qué porcentaje de los residuos solidos aprovechables, en el marco del programa Basura Cero, se le está dando el manejo adecuado en la localidad de La Candelaria al término del contrato?

Consejo # 6: Hay que evitar que se pueda hacer un seguimiento a las actividades contratadas.
¿Cómo se le puede hacer seguimiento a axiones (sic) de sensibilización y empoderamiento (contrato # 1) para saber cuántas van y cuántas faltan? ¿Cómo se puede medir el nivel de desarrollo del sistema de alertas tempranas (SAT) frente al riesgo y la adaptación al cambio climático de la población (contrato # 3)?

Consejo # 7: Mantenga listo el maletín.
Meta una piyama, camisas, medias, ropa interior, cepillo de dientes, peine (opcional máquina de afeitar) y varios libros, pues tarde o temprano lo delatará el olor a manzana podrida y terminará en la cárcel acompañando a un alcalde y su hermano, los implicados en el Cartel de la Contratación, los Nule, los beneficiarios de Odebrecht, los socios de Interbolsa, los directivos de Reficar, etc.

Consejo # 8: Si quiere ser un verdadero corrupto, empiece por lanzarse a la política y no pida consejos a alguien –como yo– que no es ni ha sido un corrupto.

Consejo # 9: No se pudra. Olvídese de ser corrupto. Léase el librito negro del Consejo Profesional y ¡póngase a trabajar!

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Muertos baratos

Muertos baratos

Errar es humano. Pero es más humano echarle la culpa a otro.
Les Luthiers

Esta afirmación de Les Luthiers es de muy fácil y frecuente aplicación en el caso de colapsos de edificios. Cuando se presenta la tragedia, al primero que señala el dedo acusador es a un humano: el Curador Urbano. Este puede hacerle el quite a la responsabilidad y dejarla pasar diciendo que tanto el ingeniero de suelos como el calculista, al radicar sus proyectos, firmaron un documento donde se hacían responsables del estudio y sus consecuencias.

Normalmente, cuando falla una cimentación, el suelo –que es noble– cede lentamente y el edificio se hunde o se inclina anunciando su muerte inminente. No así la estructura de concreto que puede fallar en forma súbita cuando no está cumpliendo normas y códigos, dejando al calculista en el eje del huracán. Este (humano) puede alegar que la culpa es del promotor por haber pedido, sobre la marcha, dos pisos más.

Entonces el promotor (también humano) pide que revisen la manera en que el constructor levantó la estructura, y este (un humano más) da un paso al lado, alegando que cumplió con lo estipulado en los planos que recibió y que utilizó los materiales especificados, los que seguramente son los culpables del colapso.

Tiene entonces el proveedor (otro humano) que salir en su defensa y, al buscar en la cadena de quién puede recibir la culpa, encuentra los dos últimos eslabones: el usuario y la Divina Providencia. Al usuario solo se lo puede culpar si ha cambiado el uso del inmueble, llenando –por ejemplo– el apartamento de libros hasta el techo, carga no prevista en el diseño. Finalmente, a la Divina Providencia (no humana) se le puede endilgar todo lo demás: terremotos, deslizamientos, huracanes, inundaciones.

Alguno se estará preguntando por qué el arquitecto no apareció en la cadena. El motivo –ya lo he dicho– es que el arquitecto es el único profesional que no puede tener la culpa. Él propone la estructura y el calculista la calcula –y asume la responsabilidad– o la rechaza si no la encuentra viable. Un diseño arquitectónico puede ser feo, costoso, absurdo y no funcional, pero nunca la estética, los sobrecostos y la falta de lógica y funcionalidad han causado un colapso.

Otro se estará preguntando por qué hablo de colapsos. La respuesta es: porque en Cartagena se acaba de caer un edificio de siete pisos en construcción –en un sector donde el máximo de altura permitida es de cuatro pisos–, amparado por una licencia aparentemente falsa, causando veinte muertos, diez y seis heridos y catorce desaparecidos. Además, hay otros desaparecidos que no figuran en esta lista: los promotores-constructores quienes, tan pronto cayó el edificio, pusieron pies en polvorosa. O en la arenosa.

Otro más se preguntará: y si aparecen, ¿cuál será la pena para el culpable? No se sabe. Pero como referencia, veamos qué pasó con los culpables de la caída del bloque seis del conjunto SPACE en Medellín, el 12 de octubre de 2013.

La causa del siniestro, de acuerdo con el estudio de la Universidad de los Andes, fue «la falta de la capacidad estructural de las columnas para soportar las cargas actuales», debido a que los cálculos estructurales no cumplían con los requisitos de la Ley 400 de 1997. Está muy claro que este incumplimiento de las normas no fue ineptitud ni ignorancia ni descuido ni error, sino una consideración que no requiere muchas matemáticas: hierro que no se pone y concreto que no se funde son una mayor utilidad para el negocio. Esta ecuación tan rentable costó doce vidas. Inexplicablemente, los ingenieros antioqueños ofrecieron en su momento una condecoración –afortunadamente rechazada– al representante legal de la firma promotora Lérida CDO. Como si fuera poco –según el periódico EL TIEMPO–, la Superintendencia de Industria y Comercio acaba de revocar la multa impuesta a tres de las cinco personas investigadas de dicha firma. El Consejo de Profesionales de la Ingeniería –COPNIA– acaba de sancionar a quienes tuvieron que ver con el diseño, la construcción y la supervisión del edificio SPACE con inhabilidad para ejercer su oficio. Al calculista se le canceló la matrícula profesional de por vida.

Mientras el país reclama sesenta años de cárcel para el asesino de una niña, para el considerado causante de doce muertes no aparece en la noticia la palabra cárcel. Lo que sí aparece es una multa de $128.870.000, que equivale a poco más de $10.000.000 por muerto.

Seguramente los hasta ahora desaparecidos responsables de la tragedia de Cartagena no estarán muy afanados por ser más humanos y –como dicen Les Luthiers– buscar a quien echarle la culpa, pues ya saben que –al menos en Medellín– los muertos en colapso de edificio son baratos.

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protestantes

Protestantes

Andaba el año de 1520 –en esa época los años no corrían, andaban– cuando el Papa León X excomulgó a Martín Lutero por discrepar de la doctrina y proponer una reforma del cristianismo. Este movimiento, llamado la Reforma, dio origen a un puñado de religiones disidentes de la católica, conocidas como “protestantes”. Tanto iglesias como feligreses se apropiaron del término y hoy en día son definidos por el diccionario de la RAE como los “que profesan alguna de las confesiones religiosas surgidas de la Reforma”.

Esta definición ha dejado por fuera a quienes ejercemos el molesto oficio de “mostrar alguien de manera vehemente su disconformidad con una persona o cosa”, como define el mismo diccionario al verbo “protestar”. A riesgo de que se me confunda con un fiel seguidor de Lutero y su doctrina, seguiré criticando lo que considere que, según mi criterio, está mal hecho. En este contexto me considero un protestante.

Hay quienes opinan que protestar es de mal gusto; otros consideran que es un derecho, y algunos –donde yo me incluyo– consideramos que es un deber. Pasar agachado ante un hecho ilegal, injusto o simplemente perjudicial para nosotros, nuestra sociedad o alguno de sus miembros es hacerse cómplice de algo indebido que tenemos la obligación de tratar de evitar.

Los arquitectos, sin embargo, no nos destacamos por ser un gremio reconocido como protestante. Pensando en borrador y sin castigar mucho a la memoria, encuentro muy pocos colegas que practiquen el desagradecido oficio de la protesta, como Germán Téllez, Benjamín Barney, Juan Luis Rodríguez, Guillermo Fischer, Mario Noriega… y otros pocos en Bogotá y la provincia.

Pero independientemente de cuántos somos y cuántos deberíamos ser, y haciendo de abogado del diablo –la mayoría de los abogados lo son– deberíamos hacernos la pregunta: ¿Sirve de algo protestar? Trataré de contestarla resumiendo mis protestas de los últimos cinco años, en artículos (citados entre paréntesis) publicados en la revista ARCADIA o en el blog TORRE DE BABEL.

La protesta más insistente fue la del edificio BD Bacatá (La guerra de las falacias, Ataca Bacatá, Hace rato que no reto, La alegría de aprender, ¡Indignaos!). A continuación, un aparte de este último artículo:

Recuerdo de mi primera indignación.

En abril de 2011 aparece profusamente en Bogotá la propaganda de un rascacielos de 66 pisos la torre BD Bacatá– en la calle 19 con carrera 5, sitio con una movilidad y una infraestructura de servicios ya cercanas al colapso. Revisando las normas encontramos que, en contra de lo estipulado en ellas –y según mi buen saber y entender, no se hizo plan parcial, no se cumplió con los aislamientos, no se cumplió con el título K de la norma NSR 98 referente a los medios de evacuación, y no se pagó impuesto de plusvalía. Aprovechando una solicitud de reforma de licencia, interpuse entonces un Recurso de Reposición ante la Curaduría 4 solicitando la revocatoria de la Licencia de Construcción. La curaduría resolvió “No reponer la modificación del acto administrativo MLC 11-4-0303 de 10 de mayo de 2012,” por lo cual interpuse un Recurso Subsidiario de Apelación ante la Secretaría Distrital de Planeación.

La respuesta de la SDP, contenida en la Resolución Nª 11-86 de septiembre 25 de 2012, fue contundente: “Los asuntos de tipo estructural, normativo y volumétrico aprobados mediante la Licencia de Construcción Nª LC 11-4-0303 del 2 de marzo del 2011, que no fueron objeto de modificación, no pueden ser motivo de estudio o pronunciamiento en esta oportunidad, por tratarse de un Acto Administrativo que se encuentra plenamente ejecutoriado” (la negrilla es mía). Y al final de la Resolución una frasecita demoledora: ”con ella queda agotada la vía gubernativa”.

La segunda protesta fue a raíz de la caída del edificio Space en Medellín (Colapso, Colapso2, Colapso 3. El reinado de las Por Qués, Omertá, Se Dice, Test para Constructores Antioqueños). A continuación, un aparte de El Reinado de las Por Qués:

¡Hace más de un año se cayó en Medellín la torre 6 del conjunto de vivienda Space con un saldo de 12 muertos, y fue necesario demoler las otras cinco! El estudio de la Universidad de los Andes demostró que el culpable fue el calculista. ¿Por qué ni él ni los constructores han sido juzgados, ninguno está en la cárcel, ni el gremio de ingenieros se ha pronunciado públicamente sobre este hecho, el más grave en toda la historia de la construcción en Colombia? ¿Están esperando que se caigan los otros edificios calculados por el mismo profesional para hacer un solo juicio? ¿El hecho de poner en peligro la vida de los compradores por ganarse unos pesos constituye mérito suficiente para que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros propusiera condecorar al fundador de Lérida CDO, la firma constructora?

La alcaldía de Petro no se escapó de mis protestas (La abuelita fea, El Evangelio según San Petro, La ciudad equivocada, Tres modelos de ciudad, La ciudad pintada, La fábula de la confabulación, Día de la madre, Petro y la hoja). Un párrafo de La Ciudad Equivocada puede ser un ejemplo:

El nuevo modelo de ciudad propone densificar el llamado Centro Ampliado desestimulando el desarrollo de la periferia, con el pretexto de disminuir recorridos vehiculares. Sin embargo, el gran tamaño del Centro Ampliado implica necesariamente recorridos internos, y la acumulación de los servicios en esta área genera más desplazamientos de la periferia al centro por una malla vial que ya está colapsada. Una de las justificaciones para la densificación del centro es que en este sector los metros cuadrados de vías por habitante son mayores que en la periferia. Lo que no se tuvo en cuenta es que el estudio se hizo con la población residente –los que duermen allí, cuando efectivamente las vías están desocupadas– y no la población flotante que en el día se calcula en un millón y medio, y satura vías y andenes del centro tradicional.

Los concursos fueron un tema que se ganó varias cuartillas (El patito feo, El show va a comenzar, Premiando imágenes. Facultad de artes, Respuesta a Sergio Elías Aguía). Con el artículo sobre el concurso para la facultad de Artes de la Universidad Nacional, cometí un error imperdonable en quien hace una columna: escribir con rabia. Si hubiera contado hasta cien –posiblemente hasta cien mil en este caso– no habría utilizado términos que pueden molestar a los involucrados. Sigo creyendo que todo lo que dije es cierto, y el llamado concurso –que en realidad fue una compra de anteproyectos– no fue el resultado de una decisión arbitraria de la entidad, sino el de aplicar –de buena fe, estoy seguro– las normas de contratación de la Universidad, por parte de un grupo de colegas que desconozco, y a quienes aprovecho para pedir disculpas. Ejemplo de esta crítica es parte del texto de Premiando Imágenes:

Estos concursos premian –en teoría– los mejores edificios. Para mí los mejores edificios son no solo los que sobresalen por su arquitectura. Son los que mejor se adaptan a las condiciones del sitio, los que se implantan correctamente en el entorno, los que más aportan al bienestar de la comunidad, los que mejor funcionan para lo que fueron diseñados y los mejor construidos.

Pero: ¿se están teniendo en cuenta estas condiciones al adjudicar los premios? Por imposibilidad o por desinterés los jurados no visitan las obras candidatas al galardón. Con el precario material que reciben –un puñado de fotos y planitos– no es factible captar las condiciones del sitio, su relación con el entorno, el funcionamiento, el efecto en la comunidad y la calidad de la construcción. Ni siquiera la arquitectura ni las características de sus espacios. El jurado solo se puede formar una imagen de los proyectos, y eso es lo que venimos premiando: imágenes de edificios.

No podía dejar de lado el tema de la formación de los nuevos arquitectos (Información, formación, deformación; Jurados juzgados, Los profesores, ¿Arquitectos nuevos educación vieja?). Un aparte de este último artículo:

Nuestros estudiantes deberían entonces recibir menos información presencial, y buscar por sí mismos –filtrando con buen criterio– los conocimientos que abundan en la red y en los medios; conocer culturas diferentes y poder comunicarse en varios idiomas; investigar para producir nuevo conocimiento; entender la geografía como la relación entre arquitectura y territorio, y analizar la historia para identificar las bases culturales de donde proviene el patrimonio construido; aprender a aprender como un hábito personal, permanente y vitalicio y, sobre todo, aprender a pensar. En esta forma podrán asumir los retos actuales de la profesión, en cualquier lugar, y auto adaptarse a los futuros.

Los arquitectos estrellas no se salvaron de mis protestas (El puente está quebrado, Las estafas en la arquitectura, Pritzker); ni siquiera el gran Maestro Le Corbusier (A veces toca, Cuando toca recibir regaños, Planeación Bogotá, Región Bogotá 2038, ¿Cuánto vale Le Corbusier?). Frank Gehry y Zaha Hadid son dos de las estrellas mencionadas:

Empecemos por Frank Gehry, demandado por MIT por negligencias en el proyecto del Stata Center. El edificio tiene goteras y en invierno se entra la nieve. Entretanto, la fachada en acero inoxidable del Auditorio Walt Disney, proyecto del mismo arquitecto, refleja el sol, calentando en forma exagerada a unos vecinos que exigen airada y justamente una solución.

En Sevilla el escándalo ha acaparado los espacios de los medios. Un juez ha ordenado la demolición y restitución del terreno original (incluyendo árboles y amueblamiento) que ocupa la Biblioteca Central de la Universidad, proyecto de Zaha Hadid en etapa de terminación, por haber sido construida completamente por fuera de la norma.

Tampoco se escapó la Arquitectura “de imagen” (Las ardillas muertas), ni los que destruyen la Arquitectura (Los Arrasenos). Veamos un párrafo de Las Ardillas Muertas:

Se trata de una casa típica de revista de arquitectura de supermercado, rodeada de un jardín donde la mano del hombre no ha sembrado nada vegetal diferente del “zacate” (prado). El único árbol ya existía en el lote. El cálido sol centroamericano atraviesa incontrolado la generosa fachada de vidrio, y es fácil imaginar la ardiente temperatura dentro del acuario, o el gigantesco equipo de aire acondicionado y su consumo de energía que se considera un pecado mortal en los demás. No existe un alero generoso, una pérgola amable con enredaderas o al menos un árbol frondoso que proteja el interior de los incómodos rayos solares. Ya no se usa el famoso “Brise Soleil” recomendado por Le Corbusier en los años cincuenta, cuando la protección del clima era un sentimiento natural y una práctica usual entre los arquitectos, sin que existiera el término “arquitectura bioclimática” ni se conociera su significado. Seguimos cacareando la ecología, la bioclimática y la sostenibilidad, y publicamos y promocionamos los proyectos que las ignoran.

También se ganaron mi protesta las bienales (A propósito de la Bienal de Venecia, Pecados Bienales). En la Bienal de Venecia se premió un edificio sin terminar en Venezuela, invadido por familias pobres. Así decía el artículo:

El premio del León de Oro a la Torre de David me parece una vergüenza. A los europeos les parece muy simpático que unos pobres sin techo solucionen su problema tomándose un edificio ajeno y sin terminar, ¡y que esa acción desesperada se merece un importante premio de arquitectura! No le importó al jurado el hecho de que dos millares de venezolanos vivan sin las mínimas condiciones de higiene y comodidad, sin servicios públicos, subiendo todos los días veinte pisos sin ascensor, enterrando a sus niños que se caen por las fachadas abiertas, en una estructura inadecuada y ajena, tomada por la fuerza bajo la mirada condescendiente de un gobierno dictatorial que cree que esta actitud complaciente es una manera socialista y bolivariana de hacer justicia social. Esta vida denigrante en un tugurio vertical en condiciones infrahumanas, se considera una solución no solo aceptable sino meritoria. ¿Qué tanto toca escarbar en la miseria y revolver la pobreza para encontrar los méritos arquitectónicos y otorgar un León de Oro a una obra mediocre a medio hacer? El premio se adjudicó a una calidad de vida inexistente de una comunidad de miserables, o a una ostentosa presentación basada en fotos donde no se ve el hambre. Este reconocimiento es un ultraje a la arquitectura y una burla de la miseria humana.

El balance de mis protestas no puede ser más desalentador: el edificio BD Bacatá va viento en popa, aparentemente con las falencias y los errores denunciados; sobre los responsables de la caída del edificio Space, no se ha publicado nada; la enfermedad de la alcaldía de Petro se curó sola –como la adolescencia– sin que hubieran influido mis artículos; los concursos siguen igual, con lo bueno, lo malo y lo feo; los artículos sobre el tema de la educación de los nuevos arquitectos no afectaron para nada este oficio; siguen apareciendo las denuncias de la mala práctica de algunos arquitectos estrellas, y la publicación de proyectos cuya forma trata de ocultar la falta de fondo; y, finalmente, las bienales siguen tan campantes.

La primera conclusión –la pesimista– es que las protestas no sirven para nada. La segunda –la optimista– es que es posible que estos regaños inofensivos hayan logrado que algunos colegas se enteren de estos problemas, mediten sobre ellos y compartan las ganas de atacarlos. Esto justificaría la molestia de escribir y publicar artículos criticones.

Mientras haya la sospecha de que estos escritos pueden servir para algo, seguiré con mi desagradecido oficio de protestante, contando con la compañía de Téllez, Barney, Rodríguez, Fischer, Noriega, Calvino, Lutero y ojalá muchos más.

* Imagen tomada del blog de Jorge Vilela.

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Casa Shaio en venta

Esfera pública & Esfera privada

Septiembre 26 – 2016

El “espectacular” predio de la famosa casa en la que vivió Gonzalo Rodríguez Gacha no para de subir de precio. La primera valoración de la que oí hablar estaba por los 25 mil millones de pesos, la última va en 48 mil y, de ser cierto que habrá una puja pública, es de esperar que el precio suba un par de miles adicionales. Para algunos, la cifra no es escandalosa sino “apenas lógica” porque un lote como ese “vale una fortuna”. Para los de la supuesta especie con cola de puerco a la que pertenezco, lo espectacular eran la casa y su jardín y lo escandaloso es que semejantes casa y jardín, situados en la esquina de la carrera 13 con calle 86A, no sean parte del patrimonio arquitectónico de la ciudad.

Casa Shaio ofertarLa casa fue construida para el doctor Eduardo Shaio por el arquitecto Rafael Obregón en 1956-57. De la familia Shaio pasó a la familia de González, uno de mis compañeros del colegio, por lo cual tuve la suerte de conocerla. Después vino El mexicano, luego Estupefacientes y el siguiente propietario será alguien con la capacidad de desenfundar 50 o 60 mil millones de pesos. Según el cronograma clavado al muro que acompaña el anuncio, esto debió haberse definido el 16 de septiembre.

casasahioUNal Antes que admirar la casa, que me parecía muy simple, lo que me deslumbraba por allá al final de los años 70 eran la piscina y el jardín. Ahora lo que me asombra es el sofisticado modernismo que le dieron Shaio, Obregón y el paisajista japonés Hoshino, y del cual sólo se viene a caer en la cuenta cuando ya era una ruina. A esta sofisticación le siguió una intervención del decorador William Piedrahita a base de muebles, tapetes, cuadros y porcelanas, que con mucho acierto mantuvo la neutralidad de la arquitectura y el esplendor del jardín. Después, según me contó un vecino que dice haber llegado al barrio por la época en que la propiedad pasó a manos de la Comisión de Estupefacientes, El mexicano redecoró la casa a punta de espejos, griferías, muebles exóticos y otros favoritos asociados con el éxito del negocio de la cocaína. Luego vino el cuidado descuidado de Estupefacientes, época en la que la casa fue saqueada hasta el último baldosín. Luego, ya sin nada de “valor”, fue dejada a merced de unos indigentes de buen gusto que se la apropiaron y como lo recuerda quien me lo contó: “una noche, a mediados de los años 1990, el fuego con el que cocinaban y se calentaban se salió de control, la casa se quemó por completo, y acá llegaron ambulancias, máquinas de bomberos y carros de policía, por docenas, pues se sabía de los ocupantes y se temía que los hubieran quemado. Fueron ellos mismos quienes contaron lo que pasó”.

Aun con la casa devastada, el POT-2000 designó el predio como “institucional”, lo que motivó que una “institución” como el Colegio Liceo Francés tratara de comprarlo, como lote. El colegio adelantó un concurso arquitectónico entre exalumnos para estudiar la posibilidad de instalar ahí el preescolar del colegio. Pero en medio del concurso, según deduje de lo que me contó uno de los participantes, se les apareció el fantasma de la casa con el mensaje que el precio se estaba subiendo dramáticamente. El motivo: que esa tierra “vale mucho” y tiene “muchos interesados”. Como si el valor–patrimonial de una mansión moderna de más de 700 m2, con su excepcional jardín de casi 5.000 m2, careciera de mucho valor y mucho interés. Y como si el valor–económico del suelo fuera algo independiente de las normas de uso y altura que se producen entre las oficinas de Planeación Distrital y Camacol.

El paso de un predio institucional a un baile del millón tiene un precedente inmediato a pocas cuadras de La cabrera, en el Colegio Femenino de Colsubsidio, en Rosales. Situado en la calle 79B entre carreras 4 y 5, este predio también tenía un uso institucional, además de un edificio con protección patrimonial. A pesar de ello, la restricción desapareció, el uso cambió, el precio subió geométricamente y del predio brotó el conjunto Serranía de los Nogales, tal como del predio de El mexicano pronto brotará una Serranías de la Cabrera.

Aunque no es el caso porque la propiedad ya no pertenecía a los herederos de Rodríguez Gacha sino de una entidad estatal, es un hecho que muchos propietarios de casas y predios con restricciones patrimoniales están maniatados. Para defenderse, reclaman con razón que la Constitución del 91 protege la propiedad privada, y tienen razón. Sin embargo, la misma Constitución establece que la propiedad privada “tiene límites” y que será la ley la que determine el alcance de la libertad económica cuando “así lo exijan el interés social, el ambiente y el patrimonio cultural de la nación”. El problema se puede explicar como un asunto de falta de relación entre valor económico y valor patrimonial, o de falta de relación entre la esfera privada y la esfera pública.

Sin referirse a las esferas, el espíritu de la Constitución es evitar casos como la depredación que ya se dio con la Casa Shaio, o con la desaparición en curso de la Reserva Thomas van der Hammen. Dicho de otro modo: el espíritu de la ley apunta a proteger simultáneamente el interés público y el privado. O a evitar el abuso de poder en beneficio de uno u otro.

En la práctica, están por un lado los que consideran que eso del valor patrimonial es una tontería, y por otro los que consideran que eso del valor económico es una sinvergüencería. No obstante, más allá de los individuos que piensan de uno u otro modo, están las instituciones y las tradiciones que nos permiten pensar y proceder tan simplonamente y con tal falta de seriedad.

En un Estado serio, dice Héctor Abad, no se permite “que una ventana y una sala se vuelvan garaje [porque] uno no hace lo que le da la gana ni siquiera en su [propia] casa”. Esto a propósito de que su mamá alguna vez “compró un pichirilo, tumbó una pared del frente de la casa, y metió a su majestad el carro en la biblioteca a que goteara aceite” sobre un periódico. Antes de la Constitución de 1991, este improvisado garaje no era inconstitucional porque lo que alguien hiciera con su casa pertenecía a la esfera privada, como si se tratara de tatuarse un delfín en el cuello. Hoy, en una época diferente, el derecho del delfín continúa siendo parte de la esfera privada. El derecho del pichirilo ya no lo es.

En un Estado serio, digo yo, la esfera pública sería tan importante como la esfera privada; el valor económico sería tan valioso como el valor patrimonial y los alcaldes se dedicarían a administrar la ciudad, no a planearla. Y en una ciudad seria, nadie podría hacer lo que le dé la gana, empezando por Camacol y el alcalde de turno. Además, las intervenciones patrimoniales tendrían fines menos vulgares, por ejemplo: el colegio de Colsubsidio sería el preescolar del Liceo Francés, la casa Shaio sería un museo de arquitectura moderna, y la reserva van der Hammen sería el Centro de la Sabana de Bogotá.

* La primera imagen viene de la agencia de noticias de la Universidad Nacional. La segunda es del autor.

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